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2017/10 Ayudas de emergencia social, 2015  05/05/2017

Resumen del informe
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Ayudas de emergencia social, 2015

La Cámara de Comptos ha remitido al Parlamento un informe sobre las ayudas de emergencia social otorgadas en 2015 por el Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra. El informe lo solicitó el propio legislativo a instancias de UPN.

El informe señala que en 2015 el Departamento de Derechos Sociales destinó 65,8 millones a ayudar a familias navarras sin medios de subsistencia. La mayor parte de ese importe (64 millones) tuvo como destino la Renta de Inclusión Social y otro tipo de ayudas. El resto se destinó a ayudas extraordinarias para personas sin recursos, con el fin de paliar situaciones de marginación social.

Por otra parte, en octubre de 2015 el Departamento de Derechos Sociales publicó una convocatoria de subvenciones para que los 45 servicios sociales de base de Navarra realizaran programas de ayudas de emergencia social.

Las ayudas de emergencia social son prestaciones extraordinarias y no periódicas, destinadas a personas en situación económica precaria. Su objetivo es hacer frente a gastos relacionados con alojamiento, nutrición, salud, energía y educación.

El Gobierno de Navarra gastó 1,6 millones en esas ayudas que se destinaron a 3.000 familias compuestas por 9.600 personas, de las que 3.700 eran menores. Cada familia recibió una media de 520 euros. El 45 por ciento del gasto se destinó a alojamiento, el 26 por ciento a nutrición y salud, el 12 por ciento a energía, el 11 por ciento a la cobertura de otras necesidades básicas y el seis por ciento a educación e integración socio-laboral.

Del análisis comparativo de las ayudas extraordinarias y de emergencia social la Cámara concluye que muchos de los conceptos eran coincidentes. No obstante, los requisitos de las de emergencia eran menos exigentes, lo que posibilitó el acceso de colectivos más amplios de la población. Su tramitación es también más ágil al gestionarlas directamente los servicios sociales de cada localidad.

El informe señala que la convocatoria del Departamento de Derechos Sociales no concretó algunos aspectos de la gestión y control de estas ayudas. Por otra parte, algunos servicios sociales ya habían gestionado ayudas de este tipo puestas en marcha por sus ayuntamientos, mientras otros no tenían experiencia en su gestión. Como consecuencia de esto y otras circunstancias, cada servicio social aplicó procedimientos de concesión, gestión y control diferentes. La Cámara de Comptos señala, en este sentido, que estas diferencias han existido siempre por la diversidad de los propios servicios y de la población a la que atienden.

La Cámara de Comptos ha revisado una muestra de expedientes de los 45 servicios sociales de base. Concluye que, en general, las situaciones que se tratan de solventar con estas ayudas no responden a una emergencia puntual sino a necesidades continuas de ingresos de los solicitantes.

Por otra parte, no siempre consta la justificación del destino de la ayuda recibida, destacando el caso de Pamplona que, aplicando su propia ordenanza, la sustituye por un informe técnico. En este servicio social de base, algunas de las ayudas se tramitaron simultáneamente a las extraordinarias, con el compromiso de devolución en el caso de recibir ambas. El informe señala que no se ha realizado un seguimiento adecuado de esa obligación de reintegro.

El informe reconoce mejoras en las posteriores convocatorias de ayudas de emergencia social de 2016 y 2017, cuya publicación más temprana ha facilitado su gestión y planificación. Destaca, en este sentido, la inclusión de las ayudas en una aplicación informática que evita subvencionar por importe superior al gasto correspondiente. Se echa en falta, sin embargo, un procedimiento y criterios comunes para la gestión de esas ayudas en todos los servicios sociales.

Por último, la Cámara de Comptos pide una reflexión sobre la conveniencia de mantener dos tipos de ayudas –extraordinarias y de emergencia social- que son similares.

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Los documentos ofrecidos en esta página tienen carácter informativo y, en caso de discrepancia, la versión oficial es la de los informes remitidos al Parlamento de Navarra y a las instituciones fiscalizadas.

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