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2018/02 Convenios urbanísticos expropiatorios sobre el paraje de Oncineda (Ayuntamiento de Estella-Lizarra)  12/02/2018

Resumen del informe
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Convenios urbanísticos expropiatorios sobre el paraje de Oncineda (Ayuntamiento de Estella-Lizarra)

La Cámara de Comptos de Navarra ha hecho público el informe sobre los convenios urbanísticos de expropiación forzosa suscritos por el Ayuntamiento de Estella y unos particulares para la adquisición de terrenos en el paraje de Oncineda. El objetivo de la operación era construir allí la ciudad deportiva. El informe, solicitado por el Parlamento de Navarra a instancias del grupo EH Bildu y por el pleno del Ayuntamiento, analiza la adecuación a la normativa de la tramitación y aprobación de los nueve convenios urbanísticos y de sus seis anexos.

El informe explica que entre febrero de 2006 y mayo de 2007 el Ayuntamiento de Estella firmó nueve convenios urbanísticos y seis anexos con los propietarios de los terrenos de Oncineda. La superficie afectada por estos convenios es de 90.000 metros cuadrados.

El pago de dichos terrenos se pactó a través de adjudicación de parcelas edificables de uso residencial en el futuro Sector Ibarra. El acuerdo contemplaba la posibilidad de hacer dicho pago en metálico si no se desarrollaba el plan urbanístico del Sector Ibarra en el plazo de cuatro años. Dicho plazo se amplió a ocho años en los anexos.

Los citados convenios y anexos los firmó la alcaldesa sin autorización expresa de la Junta de Gobierno Local. La Cámara de Comptos indica que tampoco constan informes técnicos -jurídicos, urbanísticos ni económicos- que justifiquen la operación, algo especialmente relevante en el caso de los anexos.

En opinión de la Cámara de Comptos, para la formalización de los convenios la alcaldesa tenía que haber recibido la autorización del Pleno o de la Junta de Gobierno. Constata también el informe que el asesoramiento, control y seguimiento de los convenios se dejaron en manos de asesores externos contratados por el Ayuntamiento, lo que ha dificultado la actuación de los órganos técnicos municipales.

El precio pactado en los anexos es de 43,94 euros por metros cuadrado, según un informe de valoración encargado por el ayuntamiento. Existe, no obstante, una cláusula de salvaguarda en los convenios según la cual, si el Ayuntamiento suscribe mejores condiciones con algún propietario, el resto tendrá derecho a recibir lo mismo. El Ayuntamiento reconoció el precio de 108 euros por metro cuadrado en una de las parcelas. Lo hizo basándose en un informe de valoración presentado por el propietario que el ayuntamiento aceptó sin que conste un análisis del mismo.

El nuevo plan urbanístico se paralizó, el proceso de judicializó y sus consecuencias económicas podrían afectar de manera grave a la situación financiera del Ayuntamiento de Estella. De hecho, según los cálculos de la Cámara de Comptos, si se aplicara el precio de 108 euros por metro cuadrado, el ayuntamiento podría verse obligado a pagar más de 14 millones a los propietarios.

En el supuesto de que los convenios se declararan nulos de pleno derecho, los terrenos revertirían a los antiguos propietarios, que podrían tener derecho a reclamar la indemnización correspondiente, siempre que justifiquen los daños y perjuicios causados.

El informe concluye que la tramitación y aprobación de los convenios urbanísticos y anexos no se adecúan plenamente a la normativa aplicable. En el capítulo de recomendaciones subraya la necesidad de cumplir dicha normativa; que el Ayuntamiento controle las operaciones urbanísticas, aunque se pueda acudir al asesoramiento externo; completar de manera urgente el desarrollo del plan y reparcelación del sector Ibarra para cumplir los convenios que estén en plazo para la entrega de aprovechamientos urbanísticos; y, finalmente, buscar el máximo consenso político para la planificación y ejecución de las grandes inversiones municipales.

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Los documentos ofrecidos en esta página tienen carácter informativo y, en caso de discrepancia, la versión oficial es la de los informes remitidos al Parlamento de Navarra y a las instituciones fiscalizadas.

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