Declaración de Pamplona

DECLARACIÓN DE LOS PRESIDENTES DE LOS TRIBUNALES AUTONÓMICOS DE CUENTAS
Los máximos representantes de los tribunales autonómicos de cuentas, en reunión celebrada en Madrid el 15 de junio de 2006, decidieron constituir la “Conferencia de Presidentes” al objeto de favorecer la cooperación entre las instituciones de control. En dicha reunión se acordó celebrar dos sesiones ordinarias de trabajo al año, rotatorias por orden de antigüedad, en las sedes de los distintos órganos de control externo.

En la primera reunión, celebrada el 19 de octubre de 2006 en Pamplona, la Conferencia de Presidentes consensuó un documento sobre la situación del control de los fondos públicos que se da a conocer en este texto. La llamada “Declaración de Pamplona”, que a continuación presentamos, la firmaron los siguientes representantes de las instituciones de control:

  Cámara Comptos


-Luis Muñoz Garde, presidente de la Cámara de Comptos de Navarra/Nafarroako Comptos Ganbera
-Joan Colom i Naval, síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
-Rafael Vicente Veralt, síndic major de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana
-Luciano Fariña Busto, conselleiro maior del Consello de Contas de Galicia
-María Asunción Macho Berroya, presidenta del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri Kontuen Euskal Epaitegia
-Rafael Navas Vázquez, consejero mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía
-Rafael Medina Javer, presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias
-Miguel Ángel Cabezas de Herrera Pérez, síndico de la Sindicatura de Cuentas de Castilla La Mancha
-Manuel Jesús González, presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid
-Pere Antoni Mas Cladera, sindic major de la Sindicatura de Comptes de las Illes Balears
-Pedro Martín Fernández, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León
-Avelino Viejo Fernández, síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias

En la reunión ejerció las funciones de secretario Luis Ordoki Urdazi, secretario general de la Cámara de Comptos de Navarra.

Las instituciones autonómicas de control cumplen 25 años desde que la primera de ellas -la Cámara de Comptos de Navarra- se puso en marcha en 1982. En la actualidad, existen doce órganos autonómicos de control externo dedicados a la fiscalización del sector público de sus comunidades, función a la que hay que añadir en la mayoría de los casos la de asesoramiento a sus respectivos parlamentos en materias económico-financieras.

Los órganos autonómicos de control externo han intentado crear en el ámbito de nuestras administraciones una conciencia pública del control, entendido no como un fin en si mismo, sino como un medio que contribuya a una gestión cada día más transparente y eficaz. Consideramos importante que esta cultura cale en todos los ámbitos de la gestión pública, tanto en sus responsables políticos como entre los gestores, con el fin de que nuestros diagnósticos y recomendaciones sean útiles entre quienes administran el dinero público.

Como representantes de las instituciones autonómicas de control hemos reiterado en muchas ocasiones la conveniencia de complementar la fiscalización financiera para adentrarnos en el análisis de la eficacia, en el convencimiento de que los ciudadanos del siglo XXI demandan a las administraciones que cada euro recaudado se gestione de la mejor manera posible. Estamos convencidos de que la eficacia en la gestión pública es un reto fundamental para unas administraciones con recursos siempre limitados y en el futuro próximo dicho análisis debe ser un reto clave para los órganos de control externo. Sin embargo, para poder afrontar ese objetivo es necesario que las políticas presupuestarias de las administraciones incluyan objetivos más concretos e indicadores, sin los cuales es difícil el posterior análisis de eficacia. Por lo tanto, hacemos un llamamiento tanto a los responsables de las administraciones como a los legisladores para avanzar hacia un modelo presupuestario con objetivos e indicadores claros, que nos permita pronunciarnos sobre la eficacia de la gestión pública.

Otro de los aspectos en el que las instituciones autonómicas de control quieren incidir es la gestión de personal. Teniendo en cuenta que estamos hablando del activo más importante de las instituciones, creemos que hay que adaptar dicha gestión a las exigencias de los nuevos tiempos, lo que exige potenciar la motivación y la formación de los empleados públicos, estableciendo también objetivos ligados a las retribuciones. En definitiva, haciendo que el buen trabajo y la mejor disposición puedan premiarse también en las administraciones, aumentando de esa manera el estímulo hacia el buen hacer que debe caracterizar la labor de las instituciones públicas.

A la hora de fijar los criterios de fiscalización, los representantes de las instituciones autonómicas de control externo creemos recomendable priorizar las áreas más importantes desde el punto de vista presupuestario, como salud o educación, sin olvidar otras relacionadas con el bienestar social y, por supuesto, prestando especial atención a las consideradas “áreas de riesgo”, como subvenciones, contratación pública o urbanismo.

En materia de subvenciones, hay que apostar por una fiscalización que no solamente incluya la verificación de la tramitación administrativa, el reflejo presupuestario y la justificación de la actividad subvencionada, sino también su impacto en la sociedad y en los objetivos para los que fue concedida. De esta forma, se podrá aportar una información clave sobre la eficacia de esas transferencias, lo que serviría para la valoración de posteriores convocatorias.

La contratación pública es otra de las clásicas “áreas de riesgo” que debe ser objetivo de análisis por parte de los órganos autonómicos de control externo. En algunos casos, puede ser conveniente acudir a colaboradores externos que apoyen el trabajo del auditor, aportando dictámenes técnicos sobre precios o calidad de materiales que permitirán un análisis mucho más completo de la gestión de la obra pública.

Respecto al urbanismo, los recientes escándalos por comportamientos irregulares en algunos ayuntamientos no hacen sino confirmar la necesidad de potenciar las auditorías urbanísticas en el marco del análisis del sector local. Dicho objetivo, no obstante, exige una adecuada formación de los auditores públicos teniendo en cuenta que el riesgo en este tipo de auditorías está principalmente en lo que queda fuera de la documentación y las cuentas analizadas.

Además de las áreas citadas, las instituciones autonómicas de control deberán afrontar otros retos si quieren responder a las demandas de la sociedad y convertirse en puntas de lanza en la modernización de las administraciones. En este sentido, parece obligado realizar un mayor esfuerzo en la fiscalización de los sistemas informáticos de las administraciones públicas. Aún siendo conscientes de la complejidad del objetivo, cuya consecución exigiría la colaboración de expertos externos, la auditoría pública deberá pronunciarse sobre esos sistemas informáticos que actualmente son elemento fundamental en la gestión de las administraciones públicas.

Otro de los nuevos ámbitos del control de los fondos públicos tiene que ver con la evaluación de las políticas públicas en relación con el desarrollo sostenible. Vivimos en una sociedad concienciada de la necesidad de hacer compatible el desarrollo con el cuidado del medio ambiente. De hecho, la teoría de la auditoría pública ha añadido la ecología a las tradicionales Es que deben marcar la actuación de los gestores públicos: eficacia, eficiencia, economía y equidad. Evaluar esas políticas medioambientales y relacionarlas con la ordenación del territorio, urbanismo, infraestructuras, etc., es una de las vías de futuro para la fiscalización del sector público. Por tanto, es probable que estas nuevas facetas de la fiscalización exijan la incorporación en nuestro equipo de profesionales que no sean auditores financieros (arquitectos, ingenieros, técnicos medioambientales, urbanistas, etc.)
Finalmente, desde la reinstauración de las instituciones de control externo democráticas, el sistemas institucional español ha evolucionado considerablemente y la integración en la U.E. –cuyo gasto se realiza mayoritariamente a nivel autonómico- ha incrementado la complejidad de dicho control en relación a lo que era previsible en 1978. Por ello, pensamos que convendría reflexionar sobre la actualización del marco normativo correspondiente atendiendo al respeto del principio de subsidiariedad.

En definitiva, veinticinco años después de comenzar la andadura del control externo autonómico, consideramos que se ha cumplido un ciclo que ha servido para extender entre los responsables políticos y gestores de las administraciones la conciencia pública del control. Las instituciones, tanto de ámbito autonómico como local, aceptan nuestra labor y casi siempre comparten nuestros diagnósticos y los puntos débiles subrayados en los informes. A partir de ahora, sería importante que las recomendaciones de las instituciones de control sean útil instrumento para mejorar día a día la gestión del dinero público, especialmente las referidas a la mejora de la eficacia. Al mismo tiempo, las instituciones de control deben seguir avanzando hacia una fiscalización cada vez más útil, que se introduce en nuevas materias como las citadas, que asume nuevos retos para tratar de responder de esta manera a la importante labor encomendada por nuestros parlamentos en representación de todos los ciudadanos.

Pamplona, 19 de octubre de 2006