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03/07/2017   "Cámara de Comptos-Tribunal de Cuentas: la historia se repite", artículo de la presidenta Asun Olaechea     [Euskera]

 Recientemente el Tribunal de Cuentas ha requerido al Gobierno de Navarra diversa información económico-financiera de las cuentas de 2014 y 2015 para su fiscalización, habiendo obtenido la negativa del ejecutivo a presentarlas argumentando que la fiscalización de los fondos públicos en Navarra corresponde a la Cámara de Comptos. Ante lo que algún medio de comunicación ha calificado de “declaración de rebeldía” e “insumisión”, quiero manifestar lo siguiente:

 La institución fiscalizadora de la gestión económica y financiera del sector público de Navarra es la Cámara de Comptos, tal y como lo señala el artículo 18 del Amejoramiento del Fuero. La competencia exclusiva de la institución que presido para fiscalizar las cuentas es un aspecto esencial del régimen foral de la autonomía financiera de nuestra comunidad. De hecho, las administraciones de Navarra nunca han rendido cuentas ante el Tribunal de Cuentas ni han sido fiscalizadas por esa institución.

 Las relaciones entre la Cámara de Comptos y el Tribunal de Cuentas fueron unos de los asuntos más espinosos en la negociación del Amejoramiento del Fuero. Por un lado, los representantes del Navarra defendían la exclusividad de la Cámara de Comptos en la fiscalización de los fondos públicos de nuestra comunidad apelando a nuestros derechos históricos. Los representantes del Estado, por su parte, apelaban al carácter de “como supremo órgano fiscalizador del Estado” que el artículo 136 de la constitución atribuye al Tribunal de Cuentas. Tras muchas negociaciones, se llegó a una fórmula de compromiso por la que la Cámara de Comptos, órgano fiscalizador de las cuentas públicas de Navarra, remite al Tribunal de Cuentas el resultado de sus actuaciones.

 Desde el restablecimiento de la Cámara de Comptos en 1980, el Tribunal de Cuentas ha intentado varias veces fiscalizar las cuentas de entidades públicas de Navarra. Ya en 1985 la prensa se hacía eco de unas declaraciones del senador Alfonso Añón, en las que señalaba que el Tribunal de Cuentas no respetaba al régimen foral de Navarra, al requerir a los ayuntamientos de nuestra comunidad diversa información económico-financiera para su fiscalización. Similares intentos se sucedieron en las décadas siguientes, con el mismo resultado: postura contundente del Gobierno de Navarra en defensa del régimen foral y consiguiente negativa a facilitar la información solicitada.

 En cuanto al caso origen del actual conflicto, la remisión de planes de ajuste económico-financieros requeridos por el Tribunal de Cuentas en el marco de la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria, en relación a las cuentas de 2014 y 2015, debe tratar de resolverse por los mismos cauces previstos en el Amejoramiento y con la colaboración necesaria entre el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Comptos, como siempre ha ocurrido.

Las cuentas de esos ejercicios ya han sido fiscalizadas por la Cámara de Comptos y los correspondientes informes fueron oportunamente remitidos al Tribunal de Cuentas. La Cámara de Comptos analizará los planes de ajuste exigidos en el contexto de la fiscalización de las cuentas de 2016, un trabajo ya iniciado que se remitirá también al Tribunal de Cuentas. Por las informaciones publicadas, las cuentas de Navarra de 2016 han cumplido los parámetros de la ley de estabilidad presupuestaria en cuanto a déficit, regla de gasto y nivel de endeudamiento.

El conflicto ahora planteado no deja de ser sino una confrontación más, estéril y sin sentido, derivada de un nuevo intento del Tribunal de Cuentas de fiscalizar las cuentas de Navarra, desconociendo su régimen foral y la fórmula pactada en el artículo 18 bis del Amejoramiento. Frente a ello el Gobierno y el Parlamento de Navarra deben tener una postura unánime, contundente y clara, como siempre ha sido, en defensa de nuestro régimen privativo.