2010/26 Complejo Deportivo del Ayuntamiento de San Adrián

La Cámara de Comptos de Navarra ha remitido al Parlamento el informe de fiscalización sobre el complejo deportivo del Ayuntamiento de San Adrián, solicitado por el pleno del propio ayuntamiento. 

El informe explica que en 2000 el ayuntamiento planteó construir nuevas instalaciones deportivas alegando razones de salubridad pública en las viejas piscinas de verano. Inicialmente se pensó construir una piscina polivalente de verano y un edificio social. Para ello, se tramita una modificación urbanística y se ejecuta un procedimiento expropiatorio de una parcela 

En 2005, sin embargo, el Ayuntamiento aprueba otra modificación urbanística, destinando un nuevo espacio dotacional para albergar las nuevas instalaciones, desechando la anterior alternativa. El proyecto pasa a denominarse Piscina Cubierta de San Adrián, incluyendo una piscina polivalente (para su uso tanto en verano como en invierno), espacios para pistas deportivas y vestuarios. El presupuesto asciende a 4,4 millones y el proyecto se aprueba en abril de 2006. 

En septiembre de aquel año, el pleno aprueba la adjudicación de las obras de la piscina por un precio de 3,6 millones y un plazo de 9 meses. La ejecución del contrato anterior alcanzó los 5,3 millones, con una desviación sobre el importe del 46 por ciento. 

Teniendo en cuenta todos los elementos –proyecto, obras y equipamiento-, el coste total del Complejo ha ascendido a 6,4 millones –en torno a 900 euros por habitante-; si consideramos además el gasto de las expropiaciones relativa a la primera ubicación, el coste total ha sido de 7,6 millones. 

En un principio, el Ayuntamiento había previsto financiar la obra con subvenciones, venta de patrimonio y las devoluciones del IVA soportado dado su carácter de “a devolver”. El aumento del gasto y la menor de captación de recursos de la venta del patrimonio le han obligado a endeudarse y a aportar mayores recursos presupuestarios, conduciendo al Ayuntamiento a una difícil situación financiera. 

El informe señala que “se ha incumplido de forma reiterada la normativa de contratación”, tanto en el contrato de asistencia para la redacción del proyecto y dirección facultativa como en las obras de construcción. Así, para la asistencia, hay irregularidades en la mesa de contratación y en las facturas que presenta el adjudicatario, que incluyen estudios que no constan en el expediente. 

En cuanto a las obras, no se justifica el precio pactado dos años después de la adjudicación ni la revisión de precios acordada, y tampoco se determina la parte de responsabilidad del adjudicatario por el retraso de las obras. 

Incide el informe en las deficiencias de gestión observadas, especialmente en que no se ha garantizado que los servicios de control interno jurídico y económico del Ayuntamiento hayan dispuesto de la información y documentación pertinente para su adecuado y preceptivo asesoramiento, tramitación y control. En este sentido, también la temporalidad y provisionalidad en la cobertura del puesto de interventor municipal ha resultado relevante para entender, en parte, esta situación. Además, en el periodo de marzo de 2007 a abril de 2008, la plaza de interventor estuvo vacante. 

Por otra parte, de la documentación revisada, no se observa un adecuado asesoramiento técnico al Ayuntamiento por el equipo redactor de los proyectos y de la dirección facultativa de las obras, actividades para lo que fueron contratados por aquél. 

En definitiva, se trata de una gestión larga, con una deficiente planificación de las necesidades, con un proyecto incompleto que se va modificando y adecuando a los cambios experimentados. Se observa falta de mecanismos de gestión, control y asesoramiento exigibles a todas las administraciones públicas, agravado por la temporalidad de los puestos de intervención y secretaría. “Este conjunto de actuaciones –concluye el informe, ha generado un incremento considerable de su coste, serias dificultades en el Ayuntamiento para sufragarlo, unos gastos en proyectos y terrenos que no se han materializado e indicios de responsabilidad contable en algún supuesto”. Por último, la Cámara de Comptos apunta un posible “sobredimensionamiento” de las instalaciones para atender las necesidades reales de la población de San Adrián.