La Cámara de Comptos de Navarra, el tribunal de cuentas más antiguo del Estado, se constituyó en 1365 a través de una Ordenanza dictada por el rey Carlos II.
Para comprender el origen de esta institución hay que recordar que entre los años 1274 y 1328 Navarra careció de rey privativo y fue gobernada por monarcas franceses, país donde ya existían instituciones dedicadas al control del gasto público
Antes de constituirse oficialmente la Cámara de Comptos el Reino de Navarra contaba con "Oidores" y "Maestros de Comptos" que controlaban esporádicamente el estado de las finanzas reales. Según señala la historiadora María Puy Huici en su libro "La Cámara de Comptos de Navarra entre 1328 y 1512", el primer libro de Comptos data de 1258, lo que demuestra que antes de la Ordenanza del rey Carlos II ya existía un cierto control de los bienes reales.
Durante el reinado de Carlos II el Reino de Navarra atravesó una delicada situación económica debido al gasto originado en las guerras contra castellanos, aragoneses, ingleses y franceses. El difícil momento de la Hacienda del Reino hizo que Carlos II quisiera reforzar el control de las finanzas reales mediante un órgano permanente al que otorgó un gran poder.
La Ordenanza de Constitución de la Cámara de Comptos, promulgada por Carlos II el 18 de febrero de 1365, tenía como objetivo dotar al Reino de un órgano que controlara la difícil situación económica por la que atravesaba. La Ordenanza señala que la institución queda integrada por cuatro Oidores Generales de Cuentas, que deben ser "hombres bonos e suficientes", y dos clérigos que desempeñaban labores de notarios. Junto a ellos aparece desde el primer momento la figura del Portero y la de los Oficiales Reales que tenían como misión ejecutar las órdenes de oidores y clérigos.
Las atribuciones iniciales de la Cámara de Comptos son las siguientes: Oír, de ahí su nombre de Oidores, la rendición de cuentas de quienes recaudaban en nombre del Rey; administrar los derechos del Rey y aconsejar en materia de finanzas reales.
Además de estas tres atribuciones básicas, que en términos actuales corresponderían a la fiscalización, administración y asesoramiento, la Cámara de Comptos fue asumiendo otras por encargo de los monarcas debido seguramente al prestigio de la Institución. En este sentido, cabe recordar que la Cámara de Comptos asumió enseguida el carácter de Tribunal de Hacienda por lo que pasó a llamarse Tribunal de la Cámara de Comptos. También le fue encomendada la labor de dirigir la recaudación de impuestos, indicando las cantidades que se debían recaudar y los plazos. Sus funcionarios certificaban la calidad, peso y otras características que debía poseer la moneda navarra que se acuñaba precisamente en la sede de la Cámara de Comptos donde también juraban sus cargos oficiales reales, señores feudales, caballeros y soldados.
Por último, hay que señalar la importante labor de archivo de la Cámara de Comptos. Los libros y documentos procedentes de la Institución, que en la actualidad forman parte del Archivo General de Navarra, constituyen la mejor fuente de información en Europa sobre la Baja Edad Media y permiten conocer no solamente el funcionamiento del órgano fiscalizador sino también otros aspectos del Reino de Navarra.
Tras su constitución en 1365, la Cámara de Comptos fue ganando en importancia dentro de la estructura política del Reino. El tribunal navarro solamente tenía por encima al Consejo y al Rey e incluso hubo momentos en los que algunos Oidores formaban parte del Consejo, si bien esto no fue bien visto y se empezó a hablar de incompatibilidades. En los siglos XIV y XV la Cámara de Comptos gozó de una gran importancia y prestigio por sus competencias, profesionalidad e independencia.
Cuando, tras la conquista de 1512, Navarra quedó anexionada a Castilla comenzaron los intentos de suprimir la Cámara de Comptos, auspiciados por el Virrey y apoyados algunas veces por las Cortes. La ciudad de Pamplona, sin embargo, se opuso de forma enérgica a todos los intentos de hacerla desaparecer y el órgano fiscalizador pudo seguir funcionando durante los siglos XVI y XVII.
Durante el siglo XIX, coincidiendo con una época de gran centralismo, se sucedieron los intentos por hacer desaparecer la Cámara de Comptos que culminaron con el Real Decreto de 18 de marzo de 1836, que ordenaba el fin de la actividad de la institución. La Ley Paccionada de 1841, que convirtió al Reino en provincia española con cierto grado de autonomía, confirmó la supresión de la Cámara de Comptos.
Fotografía antigua de la fachada de la Cámara de Comptos de Navarra