2012/19 Informe de fiscalización sobre el recorte salarial derivado de la Ley Foral 12/2010

La Cámara de Comptos ha publicado un informe sobre la aplicación del recorte salarial en el sector público, aprobado en la ley Foral 12/2010, de 11 de junio, que a su vez supuso una adaptación de las medidas extraordinarias del Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno de España en mayo de 2010 para hacer frente a la crisis. 

La ley fija en un cinco por ciento la reducción de las retribuciones del personal del sector público de Navarra. En cuanto a los funcionarios, el sueldo inicial de cada nivel se redujo en un porcentaje diferente, desde el 0,24% del nivel E hasta el 6,7% del A, variando de esta forma la escala retributiva prevista en el Estatuto de personal. La reducción aplicada a los directores de servicio se fijó en el siete por ciento, la de los directores generales en el ocho por ciento y la de los miembros del Gobierno en un 15 por ciento. La ley también contempló reducir en un cinco por ciento de media los salarios del personal de las empresas públicas. 

El informe señala que la reducción de salarios en el Gobierno de Navarra supuso 26 millones de euros de un total de 1.164 millones, lo que representa un 2,25% sobre el total de gasto de personal. Hay que tener en cuenta, en este sentido, que dicho gasto incluye más conceptos que la masa salarial y que el ahorro se limita a la segunda mitad del ejercicio. 

Por lo que se refiere a las empresas públicas, la Corporación Pública Empresarial calcula en 1,2 millones la reducción entre junio y diciembre de 2010 de los gastos de personal, lo que representa el 2,16 por ciento. En este caso la disminución de la masa salarial procede, en gran medida, de la reducción del número de gerentes, jubilaciones y disminución de personal, habiéndose también aplicado reducciones salariales que han sido recurridas. En tres empresas (Nasersa, SPRIN y ITGG) la disminución se sitúa por debajo del cinco por ciento. 

En cuanto a los ayuntamientos, todos los mayores de 5.000 habitantes han aplicado la reducción prevista, calculándose en 2,1 millones el importe de dicho recorte, lo que supone el 1,28% del gasto de personal. En el caso de las entidades locales, la ley obligaba a utilizar dicho ahorro para sanear remanentes negativos, reducir deuda o financiar inversiones. 

El informe también ofrece datos sobre la reducción en las mancomunidades y empresas públicas municipales.