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El presidente de la Cámara de Comptos, Ignacio Cabeza, ha comparecido esta mañana ante la Comisión de Salud del Parlamento para explicar el informe sobre el acuerdo de colaboración entre la sociedad Sodena, la Confederación de Empresarios de Navarra y la empresa Albyn para la compra de mascarillas. La comparecencia la solicitó el grupo Navarra Suma, cuya representante Marta Álvarez ha comenzado preguntando tres cuestiones: si el informe se había realizado a instancias de la Cámara de Comptos o del Gobierno de Navarra; si la Cámara de Comptos había detectado algún tipo de responsabilidad penal o contable en la operación; y la participación del Departamento de Salud en dicho acuerdo.
El presidente de la Cámara de Comptos ha señalado que el informe se hizo por decisión de la Cámara de Comptos. Respecto a los indicios de responsabilidades, ha dicho que los servicios jurídicos analizaron el tema y no encontraron indicios de responsabilidad penal. Y en cuanto a la participación del Departamento de Salud, ha afirmado que figuraba en los borradores del acuerdo si bien no lo firmó. “El 6 de mayo, el Departamento de Salud se sale del acuerdo y dos días después lo firman las tres partes”. Ha añadido que se firmó una adenda en la que se contemplaba la compra de material por parte de Osasunbidea, limitando esa adquisición a supuestos muy concretos.
Cabeza ha señalado que el acuerdo es “complejo y atípico”. Ha subrayado “la excepcionalidad del momento” en que se produjo el acuerdo y la transparencia del mismo. Sin embargo, ha criticado algunos aspectos del acuerdo por no haber contemplado algunos aspectos: falta de compromiso formal de las empresas para comprar las mascarillas; no haber previsto un procedimiento para posibles contratiempos; y falta de una protección de los fondos públicos. “En opinión de la Cámara de Comptos- ha dicho- los tres firmantes son responsables del acuerdo, también de lo no contemplado en el mismo”.
El presidente de la Cámara de Comptos ha anunciado que el stock de mascarillas no se puede utilizar en el ámbito sanitario, según los informes recientemente conocidos por la institución. Ha concluido con tres recomendaciones: llegar a un acuerdo entre las partes para resolver la situación; dar salida al stock antes de que caduque el material; e incluir en futuras actuaciones de Sodena garantías para proteger mejor los fondos públicos.
La portavoz de Navarra Suma, Marta Álvarez, ha dicho que Sodena incumplió la ley y tomó un grave riesgo. “Y el resultado es 1,8 millones de pérdidas”, ha añadido. Ha concluido criticando el informe y sus conclusiones, “que se quedan cojas”, entre otras razones por aceptar la versión del Departamento de Salud sobre la razón de no firmar el acuerdo. “Es un informe muy decepcionante”, ha señalado.
La portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, se ha mostrado de acuerdo con el contenido del informe. “El acuerdo era mejorable, pero no hay indicios de delito”. Ha coincidido con la Cámara de Comptos al pedir que se llegue a un acuerdo para dar salida al stock. Finalmente, ha señalado que Sodena debería haber pedido autorización al Gobierno para adelantar a la empresa Albyn el dinero para la compra de material. “Si lo hubiera hecho, el Gobierno no se lo hubiera dado. El acuerdo no daba garantías, al no haber compromiso de compra de material”.
Mikel Asiain, de Geroa Bai, ha defendido la actuación de Sodena y ha criticado la manera de actuar del interventor general por insinuar posibles delitos. “Eso es tirar la piedra y esconder la mano”.
Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha dicho no compartir que la judicialización del tema es contraria al interés general. “Actuar judicialmente en favor de los intereses públicos podía haber sido una recomendación suya”. Ha añadido que “ustedes han dulcificado la actuación de Sodena al decir que hay que contextualizar”. Ha finalizado su intervención preguntando a la Cámara de Comptos sobre la propiedad de las mascarillas. “A su juicio, ¿de quién son las mascarillas?”
Mikel Buil, de Podemos-Ahal dugu, se ha referido a las deficiencias del acuerdo. También ha citado la exigencia de la CEN de liberarle de cualquier responsabilidad en la vía judicial antes de llegar a un acuerdo. “Queremos una solución y entendemos que hay que defender el dinero público”.
En el turno de contestación, Cabeza ha dicho que el informe se ha hecho por decisión de la Cámara de Comptos. También ha señalado que también el Departamento de Salud debería de haber pedido autorización al Gobierno para la compra de material sanitario. Sobre la judicialización, ha explicado que el objetivo de la recomendación era que no caducaran las mascarillas. Respecto a la responsabilidad, “es de los tres que firman sabiendo que Salud no entraba”.
El secretario general de la Cámara de Comptos, José Contreras, ha explicado la naturaleza de la responsabilidad contable. Ha señalado que es el Tribunal de Cuentas quien se pronuncia al respecto y, en todo caso, que la Cámara de Comptos no detectó indicios al respecto.
La auditora Karen Moreno, responsable del informe, ha comentado la relación entre la Cámara de Comptos y la Intervención General respecto a la operación entre Sodena, CEN y la empresa Albyn. “El interventor general me comentó su preocupación sobre dicha operación. Fue un contacto en el transcurso de la elaboración del informe sobre las cuentas generales. Posteriormente, a finales de julio, nos envió la adenda al informe que habían elaborado sobre las cuentas de Sodena que recogía el reflejo contable de la operación”.