Comparecemos ante ustedes para presentar el informe de fiscalización sobre la gestión del departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud entre los años 2002 y 2005. Se trata de una comparecencia a petición propia que, además de explicar el informe, tiene como objetivo defender la actuación de la institución ante las críticas recibidas por representantes del Gobierno. Críticas, a nuestro juicio, totalmente infundadas.
Hay que recordar que el informe fue solicitado por esta cámara en el pleno del 14 de abril del año pasado. A través de aquella iniciativa se pedía un informe de la gestión del departamento, ?en particular de los programas de inversión y gestión relativos a centros propios y concertados para la atención a la tercera edad, a la discapacidad y a la dependencia en todas sus modalidades?.
Como ustedes pueden comprobar, se trataba de una petición amplia que la Cámara de Comptos quiso acotar y concretar, para lo que remitió en noviembre del año pasado un avance de memoria en la que se detallaba el alcance del trabajo. Días después, en concreto el 21 de noviembre, la Mesa del Parlamento acordó mostrar su conformidad con el alcance propuesto por la Cámara de Comptos y empezamos a trabajar.
El informe tiene tres objetivos: evaluar globalmente la gestión del departamento, con especial referencia a la prestación de los servicios sociales de dependencia; analizar la prestación de dichos servicios desde el punto de vista económico; y, por último, verificar el cumplimiento de los planes en materia de dependencia.
Como se desprende de estos objetivos, el trabajo se enmarca en lo que llamamos ?auditoría operativa o de gestión?. Es decir, nos pronunciamos sobre la gestión de los recursos públicos en términos de eficacia, eficiencia y economía. No analizamos si los gastos e ingresos se reflejan adecuadamente en la liquidación presupuestaria, ni sobre el cumplimiento de la legalidad en las operaciones revisadas, con la excepción del expediente de la empresa Tasubinsa, al que posteriormente haré referencia.
Trataré en los próximos minutos de ofrecerles los principales datos, conclusiones y recomendaciones de este trabajo extenso y complejo.
Al inicio del trabajo ofrecemos algunos datos sobre la población de Navarra, que consideramos interesantes para remarcar la importancia del área de la gestión a la que nos referimos. Conviene señalar, por ejemplo, que en Navarra hay 103.000 personas mayores de 65 años, lo que representa el 17,4% de la población y que los mayores de 85 años suponen el 2,25%.
La previsión para el año 2020 es que el porcentaje de mayores de 65 años crezca en torno al 20% y aumente en un 70% en el caso de los mayores de 85 años. En definitiva: el porcentaje de ciudadanos mayores de 65 años de Navarra es superior a la media de España y a la de Europa.
En cuanto a la población con discapacidad, en el periodo 2002-2005 ha crecido un 12%, situándose hoy en algo más de 31.000 personas, lo que representa al 5,28% de la población.
Entrando en el análisis de los presupuestos del departamento, el informe señala que entre 2002 y 2005 los gastos se han incrementado en términos corrientes un 24%, llegando a los 197 millones del año pasado; teniendo en cuenta que en este periodo los presupuestos generales han aumentado en un 29%, el gasto en bienestar social ha aumentado en un porcentaje inferior al de los citados presupuestos. En este periodo, los gastos del departamento representan en torno al 6% de los presupuestos generales. En cuanto a la distribución de los gastos del departamento, de cada 100 euros gastados, 28 tienen como destino la Dependencia, 17 se destinan a la dirección y servicios generales, 16 a familia y menores, 13 a incorporación social y 11 a deporte. El resto de conceptos están por debajo del 10% del gasto.
El equipo de la Cámara de Comptos que ha realizado este trabajo también ha analizado los programas presupuestarios del departamento. Y la conclusión al respecto es que dichos programas carecen de objetivos cuantificados, y tampoco presentan indicadores medibles, ni existe un seguimiento sobre el grado de cumplimiento de los objetivos. Como ustedes saben, se trata de una crítica repetida en muchos de nuestros informes y extensible a todos los departamentos del Gobierno de Navarra. A nuestro entender, habría que revisar la práctica presupuestaria, incluyendo objetivos claros e indicadores que posibilitaran el posterior análisis de la eficacia en la gestión.
La falta de este seguimiento de objetivos se solventa mediante la elaboración de memorias y cuadros de mando. De todos modos, echamos de menos un sistema de cálculo que permita determinar el coste real de las prestaciones y de sus resultados, por lo que recomendamos diseñar un sistema de información para la gestión que mida costes directos e indirectos, procesos y resultados alcanzados.
El informe apunta las carencias de bienestar social en cuanto a la planificación, ya que no existe un plan estratégico general y falta también por aprobarse el II Plan Gerontológico, aunque ya se están realizando estudios previos para elaborar dicho plan. También se echa en falta un plan integral de atención a las personas con discapacidad y una planificación de inversiones. Por eso recomendamos que se definan las líneas estratégicas del departamento y del Instituto Navarro de Bienestar Social, teniendo en cuenta la Ley de Dependencia que actualmente se está tramitando en las Cortes. Hay que destacar, no obstante, que en septiembre el Gobierno de Navarra aprobó el proyecto de ley foral de servicios sociales, que contempla la elaboración de un plan estratégico en el plazo de un año.
Respecto al personal del departamento, el informe señala que entre 2002 y 2005 se redujo en 40 plazas. Existen 673 puestos de trabajo, de los que 216 están vacantes. La mayor parte de estas vacantes están cubiertas de forma temporal, alcanzando el índice de temporalidad un 30% en el caso del Instituto Navarro de Bienestar Social. Respecto a 2002, las vacantes han aumentado el 53%, en tanto que el personal fijo ha descendido un 21%.
A este respecto, nuestra recomendación es reducir la tasa de temporalidad, sobre todo en las plazas de naturaleza estructural, en la línea de la oferta pública de empleo de 2005. En este capítulo de personal citamos también el alto grado de absentismo en las residencias del Instituto Navarro de Bienestar Social, cifrado en el 15%, y pedimos que se elabore un procedimiento homogéneo para determinar el personal tanto del departamento como de sus organismos.
Constatamos, asimismo, la diversidad en las retribuciones y jornadas de trabajo de los empleados de residencias de tercera edad y discapacitados, señalando que los empleados del Gobierno tienen en general mejores retribuciones y una jornada laboral de menos horas.
Hemos analizado el gasto en protección social para la dependencia, de acuerdo con la metodología recogida en el Libro Blanco de Atención a las Personas en Situación de Dependencia en España, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, tal y como se refleja en el apéndice cuatro del informe social. La principal conclusión es que desde 2002 dicho gasto se ha incrementado un 6%, situándose el año pasado en 86 millones. En euros constantes existe una reducción del 4%. Si relacionamos este dato con el PIB de Navarra, observamos que existe una reducción del 14% entre 2002 y 2005. Si excluimos los gastos de inversión, la reducción es del 9%.
En 2005 el gasto corriente que Navarra dedicó a las dependencias fue del 0,48% del PIB. Hay que subrayar que la Ley de Dependencias que actualmente se está tramitando en las Cortes establece un gasto corriente del 1% del PIB como objetivo para 2015.
Si tomamos como base el año 2003, el único disponible para las comparaciones, vemos que Navarra supera a la media del Estado en porcentaje de gasto corriente destinado a las personas dependientes, ya que llega al 0,52% frente al 0,32% de la media española. Los valores europeos que refleja el citado libro blanco están entre el 0,7 y el 3%. En todos los análisis que hemos realizado sobre aspectos más concretos de la situación del bienestar social en Navarra la situación es similar, es decir, estamos mejor que la media española y por debajo de la europea.
Pasando a la atención a la tercera edad, el Gobierno destina 20 millones para diversos servicios: estancias en centros, servicio telefónico de emergencia, ayuda para la atención hospitalaria y programa de balnearios. Más de la mitad del gasto de este capítulo se destina a los conciertos en centros residenciales, en concreto el 53%. En la actualidad el Gobierno cuenta con dos residencias y un centro psicogeriátrico; mantiene conciertos con 16 centros y existen otros 54 centros ajenos.
La oferta de plazas en residencias para la tercera edad es buena comparada con la media de España y la de algunos países europeos (en concreto Alemania), ya que en nuestra comunidad hay 5,3 para cada 100 habitantes mayores de 65 años frente a las 3,7 de la media. Los valores europeos van desde las 4 plazas por cada 100 habitantes hasta las 13.
El gasto de las plazas en residencias propias es de 2.600 euros al mes. El precio del módulo de las concertadas es de 1.500 euros y la plaza externa tiene un precio de unos 2.000 euros. En el caso de la plaza propia la cuota que paga el usuario es un 22% del coste, porcentaje que se duplica en el caso de las concertadas. En el caso de las privadas, el usuario, lógicamente, paga el 100% salvo que cuente con subvención del Gobierno de Navarra. La evolución de las listas de espera en residencias para la tercera edad ha pasado de representar el 0,59% de 2002 al 0,40% del año pasado, con relación a la población mayor de 65 años.
Por lo que se refiere a la atención a discapacitados, el gasto de 2005 alcanzó los 28 millones, gastados principalmente en centros propios y concertados, prestaciones económicas para estancias en centros ajenos y ayuda para atención domiciliaria. En el periodo 2002-2005 las plazas para discapacitados han aumentado de 801 a 918, de las que 735 son gestionadas por entidades concertadas.
En plazas residenciales para discapacitados Navarra aparece en el segundo lugar de España, situación que desciende al octavo puesto cuando hablamos de centros de día. El informe señala también que las listas de espera se han reducido. En 2002, teniendo en cuenta el total de discapacitados menores de 65 años, el porcentaje de listas de espera era del 1,78% y el año pasado dicho porcentaje fue del 1,53%.
En el informe hemos analizado también las ayudas a la empresa Tasubinsa. Se trata de una petición parlamentaria que quisimos incluir en este informe ya que la naturaleza de dichas ayudas ?subvenciones a centros ocupacionales- se contempla en el alcance de este trabajo. Como saben ustedes, las ayudas a esta empresa están recogidas en una partida presupuestaria especial y el año pasado recibió 2,7 millones para la atención de 13 centros y 546 plazas. Desde 2002 ha percibido 10,5 millones, el 78% de lo concedido a los centros ocupacionales.
Revisado el expediente, vemos que se adecua a la normativa, aunque también pensamos que se puede mejorar la supervisión del sistema de recompensas y creemos que la partida presupuestaria podría ser nominativa, siempre que se justifique adecuadamente.
El informe concluye con unas valoraciones y recomendaciones entre las que destacaría la necesidad de mejorar la planificación a medio y largo plazo de la política de protección social a la dependencia, incluyendo también un marco de financiación plurianual actualmente inexistente que está vinculado a la citada planificación.
Consideramos también necesario adaptar la normativa reguladora de los servicios sociales. Al respecto hay que aclarar que algunas de las recomendaciones en esta materia están contempladas en el proyecto de ley foral de Servicios Sociales, aprobado en septiembre por el Gobierno de Navarra.
Recomendamos al Gobierno de Navarra que se dote de un sistema de información para la toma de decisiones que permita medir los costes de las prestaciones, hacer seguimiento de objetivos y corregir las desviaciones observadas. Pedimos también mejorar la inspección de los centros asistenciales, que debe asegurar una calidad mínima de los servicios y prever sanciones por incumplimientos. Y en este aspecto, creemos importante hacer un seguimiento periódico sobre la calidad a través de la opinión de usuarios y empleados en este tipo de centros.
Por último, comentamos la necesidad de un adecuado control de las rentas de las personas dependientes. Tenemos claro que la sociedad debe asumir los costes de las prestaciones sociales para que nadie quede sin la asistencia debida, aunque no disponga de recursos económicos. Pero también reclamamos el control de las rentas para que, en el caso de que sea posible, el usuario haga frente a los servicios de atención que precisa.
Este es el resumen de un informe extenso y complejo, con muchas cifras y valoraciones que, sin duda, provocará diferentes lecturas como suele ser habitual cuando los representantes políticos y los medios de comunicación se refieren a nuestros trabajos.
Lo que afortunadamente no suele ser habitual es acusar a la institución que presido diciendo que el informe recoge opiniones personales y políticas. Por ello, y antes de concluir, quisiera dejar claro que nos reafirmamos en el contenido del trabajo, que ha seguido un riguroso proceso de planificación, ejecución y control interno y externo. Recuerdo que fue una petición del pleno del Parlamento, institución que también dio el visto bueno al alcance del mismo. Alcance, que como ustedes saben, excede de un mero análisis de gestión sobre los centros propios y concertados.
Quiero subrayar que carece de fundamento afirmar que este informe contenga valoración alguna, política o personal.
Y como quiera que también hemos leído críticas sobre la forma en que la Cámara de Comptos lo ha hecho público a través de los medios, quiero destacar que la nuestra es una institución que se esfuerza por la transparencia, por hacer llegar a los ciudadanos, a través de los medios de comunicación, el contenido de nuestros informes. Por ello, todos los medios reciben el informe junto a una nota de prensa que resume su contenido. Dicho resumen lo elabora el responsable de Comunicación en colaboración con el auditor, bajo la dirección del presidente de la Cámara de Comptos. Quiero finalizar señalando que esa nota es un resumen fiel del contenido del informe puesto que recoge los principales datos, conclusiones y recomendaciones del mismo.
Muchas gracias.