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El Parlamento de Navarra, en su pleno de ayer jueves, discutió y aprobó las conclusiones de la Comisión de Investigación sobre la planta de biometanización de Ultzama, creada a raíz del informe que sobre dicha materia publicó la Cámara de Comptos hace ahora un año.
He esperado a que concluyera el recorrido parlamentario del asunto para responder públicamente a las acusaciones realizadas en varias sesiones de la comisión, y repetidas en el pleno de ayer, por el portavoz del grupo parlamentario de UPN. El señor Sayas señaló literalmente en el pleno que la Cámara de Comptos “nunca hasta la fecha había tenido una presidenta que actuara de manera tan sectaria y tan política como la que hemos visto en esta ocasión”. Repitiendo lo señalado el día de mi comparecencia ante la comisión de investigación, subrayó que el informe está repleto de “errores, falsedades, incoherencias y elucubraciones”.
Quiero subrayar que nos ratificamos plenamente en todas las conclusiones de la fiscalización, que son correctas, válidas, fundamentadas y probadas. Siguiendo las normas de auditoría, las conclusiones están soportadas con evidencia suficiente, válida, relevante y fiable. Se trata de un informe riguroso que solo incluye la información sustentada por evidencia de auditoría.
Estamos ante un proceso con graves irregularidades del Ayuntamiento de Ultzama, tal y como destaca el informe. Baste señalar al respecto que la adjudicación del anteproyecto, proyecto y dirección de obra se formalizaron después de haberse hecho esos trabajos, tratando así de dar cobertura legal a una actuación irregular que no respetó los principios básicos de la contratación pública: publicidad, concurrencia, transparencia e igualdad de trato. Tampoco se cumplió la legalidad en la contratación y posterior cesión del contrato, ni en las subcontrataciones.
Constatamos que se creó un doble entramado contable. Por un lado, la adjudicataria del contrato –Levenger- y la empresa a la que se lo cedió –Bioenergía Ultzama-, con la intermediación del Ayuntamiento de Ultzama; por otro, Bioenergía Ultzama con varias empresas proveedoras. El análisis de los movimientos de fondos entre esas entidades constata un sobrecosto de más de un millón de euros y el cobro de subvenciones de dos departamentos del Gobierno de Navarra por el mismo concepto. Esa sobrefinanciación pública, según los cálculos del Gobierno de Navarra, ascendió a 341.000 euros.
A la vista de esas irregularidades, la Cámara de Comptos remitió el informe al fiscal superior de Navarra y al fiscal jefe del Tribunal de Cuentas para que, en su caso, depuraran las posibles responsabilidades en los ámbitos penal y contable. El primero archivó el asunto y el Tribunal de Cuentas lo está analizando en la actualidad. La Cámara de Comptos en este caso, igual que en todos los que observa indicios de este tipo, actuó cumpliendo con su obligación de remitir esa información a los órganos competentes. En todo caso, la decisión en el ámbito judicial no invalida nuestras conclusiones.
El señor Sayas también me ha acusado de falta de colaboración con el Parlamento por negarnos a entregar a la comisión borradores del informe. Debiera saber el portavoz de UPN que la Cámara de Comptos manifiesta su opinión a través de su informe. Como es lógico, ese único informe oficial tiene detrás muchos papeles de trabajo y varios borradores. Son documentos internos, parciales, que varían según avanza la fiscalización y, por lo tanto, no reflejan la opinión de la institución.
Quien tenga conocimientos de auditoría sabrá que hemos actuado correctamente no trasladando a la comisión papeles de trabajo y borradores. Cualquier parlamentario también debería entender esta actitud pensando en una petición suya a los servicios jurídicos del Parlamento. Cuando reciben esos dictámenes, ¿alguien pide a los letrados sus apuntes o borradores para intentar fiscalizar su labor?
La Cámara de Comptos tiene como objetivo principal velar por el buen uso de los fondos públicos, poniendo el acento en las debilidades y ofreciendo recomendaciones para mejorarlas. Y en este caso, hemos constatado que se trata de un proyecto con numerosas irregularidades y muy deficiente planificación, ejecución y gestión. Una infraestructura proyectada para treinta años, actualmente abandonada, en la que se han perdido más de tres millones de dinero público. Sin olvidar la incertidumbre económica que ha generado al Ayuntamiento de Ultzama.
Este es el resumen de lo acontecido con la planta de Ultzama, por más que algunos prefieran desviar la atención lanzando graves acusaciones a una institución técnica cuya credibilidad se basa en haber actuado siempre, también en esta ocasión, con profesionalidad, objetividad e independencia.
Asun Olaechea, presidenta de la Cámara de Comptos de Navarra/Nafarroako Kontuen Ganbera