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2012/09 Ayuntamiento de Pamplona, ejercicio 2010

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2012/09 Ayuntamiento de Pamplona, ejercicio 2010 ()

La Cámara de Comptos de Navarra ha publicado el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Pamplona correspondiente al ejercicio de 2010. El informe analiza la cuenta general, el cumplimiento de la legalidad, la situación financiera y el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en anteriores fiscalizaciones. 

En el ejercicio fiscalizado, el Ayuntamiento de Pamplona gastó 270 millones e ingresó 236. Respecto a los gastos, los dos capítulos más importantes son personal e inversiones, con 83 y 82 millones respectivamente. La compra de bienes corrientes y servicios supuso un gasto de 73 millones y en cifras bastante inferiores aparecen las transferencias corrientes, con 12 millones, y las transferencias de capital con 10 millones. 

En cuanto a los ingresos, las transferencias corrientes y de capital suman 96 y 46 millones respectivamente. A través de impuestos directos el Ayuntamiento recaudó 50 millones, los indirectos ascendieron a 6,5 millones y las tasas aportaron 26 millones. 

Analizada la cuenta general, el informe señala que expresa la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera a 31 de diciembre de 2010, así como el resultado económico-patrimonial a esa fecha. No obstante, se apunta como salvedad que el balance no recoge las obligaciones derivadas del sistema de pasivos, valoradas en 22 millones anuales según un estudio actuarial del propio ayuntamiento. 

En cuanto a la legalidad, la actividad económico-financiera del Ayuntamiento se desarrolla, en general, de acuerdo a la normativa vigente. 

Respecto a la situación económica, el informe señala que el resultado presupuestario ajustado dio un déficit de 28 millones, frente al superávit de 19 millones del año anterior. Existe también un remanente de tesorería para gastos generales negativo de 21 millones. 

Del análisis de los principales indicadores de la ejecución presupuestaria se comprueba que aumentan los gastos corrientes al tiempo que disminuyen los ingresos tributarios. La deuda por habitante, sin embargo, disminuye al no haberse concertado los préstamos previstos. A finales de 2010 Pamplona tenía una deuda de 96,6 millones, lo que representa un 53% del total de ingresos corrientes, porcentaje que no llega al 75% a partir del cual está restringida la captación de endeudamiento. 

La Cámara de Comptos recomienda continuar la política de contención de gastos corrientes e intentar aumentar la capacidad de generar recursos ordinarios. 

El informe pide al Ayuntamiento que adelante la aprobación de las cuentas, incluso antes del plazo establecido “si se pretende que sirvan para la gestión y toma de decisiones”. En este sentido, se recuerda que las cuentas de 2010 se aprobaron en febrero de 2012. 

Respecto a los “grandes proyectos”, la Cámara de Comptos destaca la necesidad de que tengan estudios y que se prioricen los que dinamicen la economía y creen empleo. Cita, en este sentido, el desarrollo de la nueva estación del Tren de Alta Velocidad, proyecto supramunicipal gestionado por el Gobierno de Navarra y los Ayuntamientos de Pamplona, Zizur Mayor y Cendea de Cizur. El informe recuerda que el plan, con un coste de 297 millones, ha previsto construir 9.000 viviendas en dos millones de metros cuadrados. 

La Cámara de Comptos advierte de la “difícil gestión” de dicho volumen de viviendas en el contexto de crisis general actual y el específico del sector de la construcción, así como de las consecuencias económicas que pueden derivarse de esa operación. 

El informe incluye un análisis sobre el plazo de pago a proveedores. De ese estudio se concluye que el plazo medio de pago es de 42 días. El 58% de las facturas se pagan en menos de 40 días y un 31% entre 40 y 60 días. El área con un plazo de pago mayor es la Gerencia Municipal, con 56 días de media, y el más rápido en pagar es Urbanismo y vivienda, con una media de 35 días. En ese sentido, la Cámara de Comptos señala que el Ayuntamiento de Pamplona ha cumplido la ley sobre medidas de lucha contra la morosidad, aprobada en julio de 2010.