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2018/13 Enseñanza no universitaria en centros privados financiados con fondos públicos, 2012-2016

Fecha publicación

La Cámara de Comptos ha remitido al Parlamento un informe sobre la financiación pública de los centros educativos privados concertados en la enseñanza no universitaria. Se trata de una petición del propio legislativo a instancias de los grupos parlamentario Podemos-Ahal dugu y de Izquierda-Ezkerra.

Dichos grupos se mostraron interesados en conocer el detalle de las partidas presupuestarias destinadas tanto a conciertos educativos como a otro tipo de ayudas recibidas por dichos centros, así como exenciones, deducciones, bonificaciones o ventajas fiscales. La petición pedía valorar los costes de los centros concertados y su comparación con la enseñanza pública. Finalmente solicitaba información sobre miembros de órdenes religiosas o de las patronales que reciben su salario del Departamento de Educación.

El informe señala que en Navarra existen 307 centros educativos de enseñanza no universitaria de los que 235 son públicos y 72 privados. De estos, 38 pertenecen a congregaciones religiosas, 13 son ikastolas con forma jurídica de cooperativa, otros dos centros también tienen ese modelo de cooperativa, existen dos centros específicos de educación especial, nueve pertenecientes a ONGs y fundaciones, dos seminarios menores diocesanos y otros seis centros autorizados que no tienen concierto educativo ni subvenciones públicas. En 2016, el Gobierno de Navarra gastó 132 millones en la enseñanza privada, especialmente a través de los conciertos educativos y también vía subvenciones.

El 38 por ciento del alumnado total

En cuanto al alumnado, en el curso 2016-2017 los centros públicos contaban con 60.356 alumnos y alumnas mientras que los centros privados sumaban 36.314. Desde el curso 2012-2013 hay una tendencia creciente en el alumnado, con un aumento del cuatro por ciento. La distribución entre centros públicos y privados se mantiene en un porcentaje del 62 y 38 por ciento respectivamente.

Respecto a las ratios por aula, se ha hecho un estudio diferenciando las localidades mayores y menores de 9.000 habitantes. Los centros concertados tienen una ratio mayor, especialmente en las localidades con más población. Así, en infantil tienen 25 niños y niñas, frente a los 20 de los públicos. En el resto de ciclos la diferencia es similar.

El informe también ha analizado la nacionalidad del alumnado en centros públicos y privados. En este sentido, constata que el porcentaje de alumnado con nacionalidad extranjera en los centros públicos (10 por ciento) es superior al de los privados (2,9 por ciento). Existen seis centros públicos con porcentajes de alumnado extranjero superior al 30 por ciento.

El alumnado con necesidades educativas específicas está repartido entre centros públicos y privados, con una leve diferencia en favor de estos últimos. Sin embargo, la proporción de alumnado con necesidades específicas más graves, que precisa mayores recursos, es superior en los centros públicos

Los conciertos educativos

El informe explica el funcionamiento de los conciertos educativos, principal instrumento de relación entre los centros privados y el Gobierno de Navarra. El régimen del concierto implica la obligación de impartir de manera gratuita la enseñanza, fija unas ratios máxima y mínima de alumnado y exige respetar en la contratación de personal los principios de publicidad, mérito y capacidad.

El Gobierno de Navarra paga el salario del personal docente y otras variables como sustituciones del profesorado, complementos de dirección y personal de administración y servicios. El módulo que se paga en Navarra por aula concertada va desde los 59.000 euros del segundo ciclo de Primaria hasta los 91.000 de Bachillerato. Entre las comunidades del Estado, solamente la Comunidad Autónoma Vasca tiene un módulo superior.

La Cámara de Comptos ha revisado una muestra de nueve centros concertados para fiscalizar, entre otros aspectos, el procedimiento de matriculación y admisión, el soporte y justificación de gastos, la contratación de personal y las ratios de alumnado.

En cuanto a la contratación de personal, el requisito de publicidad únicamente lo cumple satisfactoriamente un centro (San Fermin Ikastola), ya que el resto solo anuncia las ofertas en el tablón del centro o en su página web.

En el análisis de la muestra se ha constatado que los recursos recibidos para atender al alumnado con necesidades especiales son insuficientes y que los centros tienen que atender más casos de los financiados. De hecho, el gasto destinado a este tipo de alumnado ha disminuido un 14 por ciento desde 2012 mientras que el porcentaje de niños y niñas con necesidades especiales se ha incrementado un 45 por ciento.

Comparación del coste de un centro público y uno concertado

Por último, el informe aporta un análisis comparativo del gasto en un centro concertado y uno público, elegidos por sus similares características en alumnado, grupos, ciclos ofertados y ubicación. Se trata del Colegio Público San Juan de la Cadena y del Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, ambos de Pamplona.

En el curso 2016-2017, el gasto total del colegio público sumó 2,1 millones, mientras que el concertado tuvo una subvención vía conciertos de 1,3 millones. La principal diferencia se concentra en las retribuciones al personal docente, superiores en el caso de la enseñanza pública. También influyen las horas lectivas semanales, 20 en los centros públicos y 23 en los concertados.

El informe concluye destacando la importancia de los conciertos educativos con los centros privados, "elemento fundamental de la enseñanza no universitaria pues permiten asegurar la prestación del servicio de educación en Navarra, teniendo en cuenta que el 40 por ciento del alumnado acude a esos centros".

La Cámara de Comptos ha comprobado que el gasto en conciertos educativos está soportado y justificado y que los centros concertados aportan al Departamento de Educación la documentación exigida por la normativa. No obstante, el informe ha detectado algunas deficiencias en el control del Departamento de Educación a estos centros, aunque también constata que se han iniciado algunos cambios para optimizar dicho control.

El informe, en concreto, recomienda crear en el Departamento de Educación una unidad específica para controlar el cumplimiento íntegro de los conciertos; revisar anualmente los soportes y justificaciones de los certificados presentados en una muestra de centros concertados; controlar los procedimientos de contratación de personal, garantizando que se cumplen los principios de publicidad, mérito y capacidad; y analizar la posibilidad de incrementar los recursos a los centros para atender al alumnado con necesidades específicas.