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Helio Robleda, presidente de la Cámara de Comptos, ha comparecido esta mañana ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Navarra para explicar el informe sobre el Circuito de Velocidad de Los Arcos, realizada a petición de los grupos Nafarroa Bai y PSN.
Tras destacar que la obra fue impulsada por una sociedad privada, participada minoritariamente por capital público, Robleda ha señalado que el sector público acabó haciéndose cargo del 95% del capital, aumentando también la inversión para construir un circuito más ambicioso.
Robleda ha destacado que se trata de una operación poco habitual de la Administración, aunque cada vez surgen más actuaciones de este tipo, complejas y de trascendencia significativa. En cuanto a la adjudicación , no cabe aplicarle la normativa pública porque en aquel momento el socio privado, que asume la realización de la obra, era mayoritario.
En cuanto al beneficio del constructor, ha señalado que no es posible concretarlo al no tener acceso a su contabilidad. No obstante, ha cifrado en 42 millones lo percibido por certificaciones de obra, a lo que hay que añadir 1,6 millones por gastos y 780.000 euros por otros gastos soportados antes de la creación de la sociedad. En cuanto al desembolso económico, ha pagado 1 millón de euros por el 5% de las participaciones del capital y 660.000 euros por la adquisición de Unidades de Aprovechamiento Urbanístico.
El presidente de la Cámara de Comptos ha pedido un marco normativo de referencia para este tipo de actuaciones y que sea el sector público quien lidere los proyectos considerados de interés social, controlando la mayoría del capital y eligiendo el socio privado a través de un sistema que garantice la concurrencia.
Tras destacar que la obra fue impulsada por una sociedad privada, participada minoritariamente por capital público, Robleda ha señalado que el sector público acabó haciéndose cargo del 95% del capital, aumentando también la inversión para construir un circuito más ambicioso.
Robleda ha destacado que se trata de una operación poco habitual de la Administración, aunque cada vez surgen más actuaciones de este tipo, complejas y de trascendencia significativa. En cuanto a la adjudicación , no cabe aplicarle la normativa pública porque en aquel momento el socio privado, que asume la realización de la obra, era mayoritario.
En cuanto al beneficio del constructor, ha señalado que no es posible concretarlo al no tener acceso a su contabilidad. No obstante, ha cifrado en 42 millones lo percibido por certificaciones de obra, a lo que hay que añadir 1,6 millones por gastos y 780.000 euros por otros gastos soportados antes de la creación de la sociedad. En cuanto al desembolso económico, ha pagado 1 millón de euros por el 5% de las participaciones del capital y 660.000 euros por la adquisición de Unidades de Aprovechamiento Urbanístico.
El presidente de la Cámara de Comptos ha pedido un marco normativo de referencia para este tipo de actuaciones y que sea el sector público quien lidere los proyectos considerados de interés social, controlando la mayoría del capital y eligiendo el socio privado a través de un sistema que garantice la concurrencia.