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El presidente de la Cámara de Comptos, Ignacio Cabeza, ha comparecido esta mañana en el Parlamento para explicar el informe sobre la Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos (Gizain). La comparecencia la había solicitado la Junta de Portavoces a instancias del grupo Navarra Suma, el mismo grupo que pidió el informe.
Ignacio Cabeza ha explicado que Gizain se creó en 2019 para prestar servicios sociales, la mayoría de los cuales estaban gestionados por entidades sin ánimo de lucro y empresas. En concreto, pasó a gestionar los centros sociales de Estella y Tudela, al igual que el de Tafalla al crearse en marzo de 2022; los centros de observación y acogida de menores y adolescentes en situación de desprotección; el Servicio de valoración de familias de urgencia; y el centro de día de justicia juvenil.
El personal de las mismas quedó subrogado y sus condiciones laborales unificadas. La plantilla la componen 75 profesionales. Las cuentas de Gizain han sido auditadas desde entonces, con opinión positiva. El gasto para la Administración Foral desde 2019 hasta diciembre de 2022 ha sido algo superior a diez millones.
Respecto a la creación de la fundación, Cabeza ha dicho que no se tuvo en cuenta el incremento del gasto por la equiparación salarial de sus trabajadores. Se ha referido también al análisis del Observatorio de la Realidad Social del Gobierno de Navarra, muy condicionado por la pandemia.
En cuanto al gasto previo y al de la fundación, el posterior es superior. Cabeza ha explicado el incremento “por el aumento del gasto en personal y en estructura, administración y las necesidades de inversión”. El aumento de la masa salarial la ha cifrado en el 15% en 2020 y en el 13% en 2021. No obstante, con la aplicación del nuevo convenio colectivo de los trabajadores, que debería de tenerse en cuenta en caso de externalizar el servicio, el gasto del personal de la fundación solo sería un 3,45% mayor.
Marta Álvarez, de Navarra Suma, ha señalado que la gestión directa no se ha mostrado más eficaz. También se ha referido a los informes de Intervención, críticos con la creación de la fundación. “Si únicamente se ha creado la fundación para mejorar la situación laboral de determinados trabajadores, creo que no merece la pena. Se podría haber vuelto a licitar”, ha añadido. Ha concluido que la creación de la fundación se hizo “por razones ideológicas”.
Nuria Medina, portavoz del PSN, ha criticado la precipitación al crear la fundación. Se ha referido a “las licitaciones a la baja” y la consecuencia en las condiciones laborales de los trabajadores. “Tenga la valentía de decir que los profesionales tienen que cobrar menos de 24.000 euros”, le ha interpelado a la portavoz de Navarra Suma. Ha apostado por que “el servicio, se preste directamente o de manera indirecta, tenga la máxima calidad”.
La portavoz de Geroa Bai, Isabel Aranburu, ha defendido la decisión de crear la fundación “porque el objetivo era mejorar la calidad del servicio”. Se ha referido a la importancia de retribuciones dignas del personal, a las mejoras introducidas desde entonces y a la buena opinión de las encuestas de satisfacción realizadas entre los usuarios. Ha señalado que los servicios sociales los debe gestionar directamente el Gobierno “cuando se superen las limitaciones presupuestarias que impidieron hacerlo así”.
Patricia Perales, de EH Bildu, ha dicho que Navarra Suma “defiende modelos de gestión que precarizan las condiciones de las trabajadoras”. En su opinión, “estos son los servicios que se tienen que fortalecer, y para ello se necesitan recursos”. Ha apostado por la estabilización de las plantillas, “que ha mejorado”. Ha criticado el mensaje de Navarra Suma respecto al empeoramiento de la calidad del servicio. “Seamos serias –ha interpelado a Marta Álvarez- y no enviemos mensajes engañosos a la ciudadanía”.
Mikel Buil, de Podemos-Ahal Dugu, ha valorado positivamente el informe y sus recomendaciones. Ha defendido la gestión directa de estos servicios sociales. Respecto al aumento del gasto en personal, “ha sido del 3,45 y si le quitamos el 3% del margen de ganancia de una entidad privada, hablamos del 0,45%”. Ha criticado “la actitud de la derecha y su ánimo privatizador” de estos servicios.
Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha señalado que la limitación presupuestaria impidió asumir directamente la gestión de los servicios. Ha valorado la mejora de las condiciones laborales. “Es fácil abaratar los costes a costa de la precariedad laboral”, ha añadido. Ha finalizado pidiendo indicadores para poder analizar la calidad de los servicios.