2002/12 Defensor del Pueblo de Navarra, 2001

La Cámara de Comptos de Navarra ha remitido al Parlamento el informe sobre la institución del Defensor del Pueblo, creada en julio de 2000 con el principal objetivo de defender los derechos y libertades de los ciudadanos, especialmente en sus relaciones con las administraciones públicas de nuestra comunidad.

La institución comenzó su labor en marzo de 2001 y gastó en dicho ejercicio 342.000 euros (57 millones de pesetas) de los que 180.000 euros (30 millones de pesetas) correspondieron a gastos de personal. Según señala el informe, la plantilla de la institución está formada por seis personas: dos asesores, un secretario, dos administrativos y un ujier.

En el ejercicio fiscalizado, los gastos en compra de bienes corrientes y servicios sumaron alrededor de 96.000 euros y las inversiones supusieron 60.000 euros.

El informe indica que durante 2001 la institución recibió 318 quejas de las que 125 fueron tramitadas antes de fin de año. Del resto de expedientes, 104 estaban en tramitación a finales de diciembre, 36 fueron remitidos a otros Defensores del Pueblo y las 53 restantes quejas no se admitieron. El tiempo medio de espera para la resolución de expedientes era de cinco meses a finales de 2001, aunque el informe advierte de que ese plazo ha aumentado este año al recibirse más quejas de las que se resuelven.

El informe de la Cámara de Comptos señala que el estado de liquidación del presupuesto de gastos refleja adecuadamente la actividad realizada. El balance de situación también refleja correctamente la situación financiera y patrimonial de la institución a 31 de diciembre de 2001. En cuanto a la legalidad, la Cámara de Comptos indica que la institución del Defensor del Pueblo, en el desarrollo de su actividad económico-financiera, cumple la normativa vigente.

La Cámara de Comptos concluye afirmando que la institución del Defensor del Pueblo gestiona adecuadamente sus presupuestos de gastos e ingresos. Al objeto de mejorar la eficacia de su actividad, el informe recomienda que se analice la estructura de personal y los medios materiales necesarios para que la institución desarrolle la labor encomendada por el Parlamento de Navarra, y que se le dote de los medios financieros necesarios para consolidar su organización.