2011/21 Consejo Audiovisual de Navarra, 2010

La Cámara de Comptos ha hecho público el informe de fiscalización sobre el Consejo Audiovisual de Navarra correspondiente al ejercicio de 2010, en el que analiza la ejecución presupuestaria, la situación patrimonial y el cumplimiento de la legalidad. 

El informe explica que el Consejo Audiovisual es un ente de derecho público, independiente de las Administraciones Públicas, con autonomía para desarrollar su función: garantizar los derechos de los usuarios de los medios de comunicación audiovisuales, vigilar el cumplimiento de la legislación en la materia y mediar entre los intereses de la industria audiovisual y los intereses socio-culturales. 

El Consejo está formado por siete miembros, uno de los cuales ocupa la Presidencia y otro actúa como secretario. En su plantilla figuran siete puestos de trabajo, cinco de personal funcionario y dos de eventual. 

Los ingresos y gastos del Consejo Audiovisual se presupuestan como un programa específico independiente en los Presupuestos Generales de Navarra. Su régimen económico-financiero es el propio de la Administración de la Comunidad Foral. 

En relación con su actividad, el informe indica que emitió 36 informes sobre seguimiento de programación televisión, 20 sobre programación de radio, 10 sobre contenido de programación y seis sobre contenidos de publicidad. También gestionó 72 reclamaciones presentadas ante la Oficina de Defensa de la Audiencia, emitión cuatro informes relacionados con la protección del menor e impulsó la campaña “Familia y pantallas audiovisuales” a través de talleres formativos. 

Según los datos de la ejecución presupuestaria, el Consejo Audiovisual de Navarra gastó el año pasado 536.000 euros, de los que las partidas más importantes son personal y gastos corrientes, con algo más de 250.000 euros cada una. 

El informe señala que la liquidación presupuestaria de 2010 refleja correctamente la actividad realizada en el ejercicio. El balance de situación también es fiel reflejo de la situación financiera y patrimonial. Respecto al análisis de legalidad, el informe concluye que la actividad económica de este órgano se realiza de acuerdo con la normativa vigente.