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La Cámara de Comptos y el resto de instituciones de control del Estado fiscalizarán las actuaciones de las administraciones públicas para reducir la brecha digital en las aulas. Se trata de una fiscalización conjunta que cada institución hará en su territorio respectivo. En total, se examinará la gestión de 970 millones procedentes de los Fondos Next Generation. El objetivo era proveer a 300.000 alumnos de dispositivos portátiles y dotar a 240.000 aulas de equipamiento digital. El programa pretende reducir la brecha digital del alumnado más vulnerable, mejorando las dotaciones digitales de las aulas en los centros públicos y concertados.
La decisión se ha tomado en la reunión de la Comisión de Coordinación entre el Tribunal de Cuentas y los órganos autonómicos de control externo. Por parte de la Cámara de Comptos ha participado en la misma su presidente, Ignacio Cabeza.