2014/09 Gestión y control de pagos de la Ley de la Dependencia en Navarra

La Cámara de Comptos ha publicado un informe sobre la gestión y control de pagos relacionados con la Ley de la Dependencia, responsabilidad del Departamento de Políticas Sociales, en concreto de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas (ANAP).

El objetivo del informe es analizar los procedimientos de gestión y pagos, el plazo desde el reconocimiento de la dependencia hasta la aplicación de la prestación y la financiación del Estado en dicho gasto.

Las prestaciones reconocidas en la Ley de Dependencia están relacionadas, entre otros conceptos, con la ayuda económica para cuidados en el domicilio, atención diurna de mayores, atención en residencia y transporte adaptado.

Como señaló la Cámara de Comptos en un informe anterior, el gasto originado por dichas prestaciones ronda los 150 millones anuales. En concreto, en 2011 sumó 153 millones, cifra que descendió hasta los 138 al año siguiente.

De esa cantidad, el Gobierno de Navarra asume el 70%, las cuotas de los usuarios financian el 20% y la aportación del Estado es del 10%.

El informe señala que la ANAP tiene tres secciones encargadas de gestionar las ayudas relacionadas con la Ley de Dependencia. El fallecimiento, cambio de prestación o la modificación del nivel de dependencia dan lugar a cobros indebidos de los beneficiarios. Los procedimientos para controlar dichos pagos fueron deficientes en una sección de la ANAP hasta octubre de 2011 y, en las otras dos, hasta enero de 2013. A partir de entonces, el control es adecuado.

Entre 2007 y 2013 los cobros indebidos ascendieron a un millón. Algo más de la mitad de ese importe se ha recuperado, mientras que el 35% está pendiente de seguimiento y el resto en trámite o en vía ejecutiva. De los 340.000 euros pendientes de seguimiento, han prescrito 25.691 euros.

En el periodo 2009-2013 Navarra recibió del Estado 75 millones para financiar las prestaciones de la Ley de la Dependencia. Según señala la Cámara de Comptos, la información recibida hasta mediados de 2013 sobre las liquidaciones del Estado no permite verificar que la cantidad percibida era la correcta. Un reciente real decreto obliga a depurar las bases de datos de las comunidades autónomas y el IMSERSO y evitar diferencias entre ambas como condición para percibir la financiación del Estado.

En cuanto al plazo de resolución de concesión de las prestaciones, es algo más elevado que los seis meses establecido por la normativa. El informe señala también que en la gestión de estas prestaciones se cumple el principio de igualdad en la determinación de la capacidad económica de los beneficiarios y su aportación al coste.

A la vista de las conclusiones citadas, la Cámara de Comptos recomienda realizar un seguimiento adecuado de las cartas de pago pendientes para evitar que prescriban. De hecho la agencia ya ha iniciado los procedimientos para ello. También se considera necesario analizar y depurar lo antes posible las diferencias de datos entre Navarra y el Estado.