Ignacio Cabeza, presidente de la Cámara de Comptos, ha comparecido hoy en el Parlamento de Navarra para explicar las conclusiones del informe sobre la renta garantizada y su impacto en el empleo, recientemente publicado. El informe lo solicitó el Parlamento a instancias del grupo parlamentario del PP.
Cabeza ha explicado que, según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social un 17 por ciento de la población navarra se encuentra en riesgo de pobreza y casi un 8 por ciento presenta una tasa de pobreza severa. “Estos indicadores sitúan a Navarra en mejor posición que la media del Estado, aunque en los últimos años la situación ha empeorado proporcionalmente más que en el resto de comunidades”, ha señalado.
La renta garantizada, una ayuda del Gobierno de Navarra, la cobran algo más de 35.000 personas y supone un gasto anual de unos 100 millones. “El 56% de los beneficiarios tienen nacionalidad española y el 44% son aptos para trabajar”, ha apuntado.
Cabeza ha subrayado que la renta garantizada no es la única herramienta para luchar contra la pobreza. “Existe también el ingreso mínimo vital, una prestación no contributiva de la Seguridad Social que garantiza un ingreso a quienes no tienen recursos. Su finalidad, por tanto, coincide con la de la renta garantizada, si bien los requisitos para recibir la ayuda son diferentes. Es una ayuda del Estado que la gestiona el Gobierno de Navarra. En 2023 la cobraron 16.000 personas, con un coste de 50 millones. El 28% de quienes cobran la renta garantizada también perciben el ingreso mínimo vital”.
El presidente se ha referido al control del cumplimiento de las obligaciones para percibir la renta garantizada. “Son ocho requisitos y la Cámara de Comptos ha detectado incumplimientos en cinco, entre ellas mantenerse disponible para el empleo y participar en actividades de inserción socio-laboral. Además, no ha podido opinar sobre el cumplimiento de los tres restantes: residencia efectiva en Navarra, aceptación de ofertas de trabajo “adecuado” y haber solicitado todas las prestaciones posibles antes de la renta garantizada. En cuanto a la residencia, el requisito no se controla de manera adecuada; respecto a las ofertas de empleo, no consta si quienes acuden (el 78% de quienes las reciben) las aceptan o no”.
Cabeza ha concluido su intervención señalando que “la mejor defensa de estas políticas sociales es un control riguroso del dinero público destinado a las mismas, garantizando que las personas beneficiarias cumplen los requisitos exigidos”. De ahí la llamada a la Administración Foral a “mejorar el seguimiento y control de estas ayudas”.
Finalizada la presentación del informe, han intervenido los portavoces de los grupos parlamentarios. Maribel García Malo, portavoz del PP, ha destacado los incumplimientos detectados en el informe, sobre todo los referidos al empleo. “Este informe nos confirma que este no es nuestro modelo de renta garantizada. Queremos que todas las personas disponibles para trabajar lo hagan, que puedan desarrollar su proyecto vital a través del trabajo”.
Raquel Garbayo (UPN) ha dicho que “este modelo de renta garantizada no funciona, tiene más sombras que luces”. Ha subrayado “la falta de control, algo inaceptable” y ha apostado por una renta garantizada “con derechos y deberes, teniendo en cuenta que el objetivo debe ser sacar a la gente del riesgo de exclusión social”. Ha finalizado destacando que “es importantísimo tener en cuenta este informe y hay que verlo como una oportunidad”.
Olga Chueca (PSN) ha apostado por “poner en valor a las personas, ya que hablamos de las que peor lo están pasando”. Se ha referido a la existencia de las dos prestaciones, “creemos que tienen que armonizarse”. Por último, ha destacado la importancia del acompañamiento a las personas en situación de pobreza.
Javier Arza (EH Bildu) se ha referido a “la sensibilidad del tema, detrás del cual hay a veces aporofobia y desconfianza en las personas pobres”. Respecto al cumplimiento de las obligaciones de las personas perceptoras, se ha preguntado “en qué política se cumplen el cien por cien de las exigencias”. Y ha destacado que “el discurso alarmista de las derechas no se sustenta en este informe y no apoyaremos una marcha atrás en este derecho”
Isabel Aramburu (Geroa Bai) ha señalado que “el informe no sugiere cambiar la ley”. Respecto a la relación entre renta garantizada y empleo, ha dicho que “es difícil que las empresas elijan a algunas de estas personas, algo que también hay que tener en cuenta”.
Carlos Guzmán (Contigo-Zurekin) ha dicho que “no compartimos el prisma del mismo, sin cuestionar su rigurosidad”. Refiriéndose a la petición del PP, ha señalado que “la derecha nunca ha creído en este modelo y de ahí el tipo de petición, con un planteamiento economicista”. Respecto a las irregularidades, ha pedido “por trabajar para superarlas teniendo en cuenta que el control del Departamento, en general, funciona”.
Maite Nosti (Vox) ha dicho que “la renta garantizada ha desincentivado la búsqueda de empleo”. Ha destacado que “el subsidio ha alejado a muchos del mercado laboral; en vez de ser un trampolín es un ancla que retiene a sus beneficiarios en una situación de subsidio permanente”.
En la imagen, la auditora Karen Moreno, responsable del informe, y el presidente Ignacio Cabeza antes de iniciarse la comparecencia.