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2021/01 Seguimiento de recomendaciones sobre la gestión y control de pagos de la Ley de la Dependencia en Navarra

Fecha publicación

La Cámara de Comptos ha remitido al Parlamento un informe sobre la gestión y control de pagos de la Ley de la Dependencia para analizar el cumplimiento de las recomendaciones de anteriores fiscalizaciones. Dicha gestión corresponde a la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP), organismo autónomo del Departamento de Derechos Sociales.  

En 2014, la institución emitió un informe sobre la gestión y control de los pagos de dicha ley. También el Tribunal de Cuentas fiscalizó en ese año aspectos relacionados con la gestión y control de los fondos estatales destinados a Ley de la Dependencia. 

El informe indica que en 2019 había en Navarra algo más de 17.000 personas valoradas como dependientes y beneficiarias de la cartera de servicios sociales. En dicha cartera se incluyen la atención primaria, a la dependencia, a personas mayores, a personas con discapacidad, con enfermedad mental grave, atención a personas en exclusión social, a menores y a víctimas de violencia contra las mujeres.  

En ese ejercicio, el Gobierno de Navarra gastó en dependencia cerca de 130 millones, con un incremento del 7% respecto al ejercicio anterior. La aportación del Estado sumó algo más de 14 millones y los beneficiarios pagaron 42 millones.  

El informe señala que la ANADP cuenta con 60 profesionales dedicados a la valoración de la dependencia. En 2019 recibieron 20.000 solicitudes, una cifra que se ha mantenido a un nivel similar durante los tres últimos años. La normativa establece un plazo máximo de seis meses entre la entrada de la solicitud y la decisión de reconocer o no la prestación de dependencia. El informe ha comprobado que se cumple dicha previsión. 

La Cámara de Comptos subraya en su informe que la ANADP ha puesto en marcha buena parte de las recomendaciones realizadas en los informes anteriores, lo que ha mejorado la gestión de esta materia. Dicha mejora se observa en la gestión de cobros e impagos; la actualización permanente de la información en las bases de datos y su comunicación al Inserso, incluyendo el control de las personas fallecidas; y el cumplimiento del plazo de valoración y reconocimiento inmediato de la prestación. 

El informe recuerda que siguen pendientes algunas otras recomendaciones. Una de ellas, implantar un sistema de contabilidad analítica que permita determinar el gasto de la dependencia y mejore la concreción de los precios públicos. También propone crear partidas presupuestarias específicas para los gastos e ingresos de la Ley de la Dependencia.