2016/33 Situación de las obras del Tren de Alta Velocidad en Navarra

La Cámara de Comptos de Navarra ha remitido al Parlamento un informe sobre la situación de las obras del Tren de Alta Velocidad en Navarra a 31 de diciembre de 2015, solicitado por el propio legislativo a instancias del grupo Izquierda-Ezkerra.

En la petición se solicitaba, entre otras cuestiones, analizar el coste que ha supuesto para Navarra la inversión, por el adelanto de la financiación; el calendario de las inversiones, pago de intereses y devoluciones del Estado realizadas y previstas; y un análisis comparativo del tramo Castejón-Pamplona entre el coste de la inversión del proyecto actual y la alternativa del tercer carril de ancho europeo.

El informe explica que la inversión se enmarca en la línea de alta velocidad Zaragoza-Pamplona-País Vasco, incluida en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes 2005-2020 del Estado. Se trata, por tanto, de una inversión cuya competencia exclusiva es del Estado. El corredor navarro del TAV tiene una longitud de 214 kilómetros y un presupuesto estimado entre 3.000 y 4.000 millones.

La Cámara de Comptos subraya que la obra se planteó en una época de bonanza económica que ha cambiado radicalmente. Los problemas financieros de las administraciones y las exigencias de Europa respecto al déficit y la deuda han incidido en la inversión, ralentizando e incluso paralizando sus tramos.

El informe recuerda que existe un convenio entre el Estado y Navarra para las obras del TAV, aunque es incompleto y está desfasado. Incompleto porque solo se refiere al tramo Castejón-Comarca de Pamplona, único tramo que además tiene definidos plazos y dotaciones económicas. Y está desfasado porque los estudios de costes en este tramo contemplaban solo transporte de viajeros, cuando todo el corredor se proyecta también para mercancías, por el cambio del IVA y por no haber tenido en cuenta las exigencias de la Declaración de Impacto Ambiental.

No obstante, en el único sub-tramo finalizado (Castejón-Villafranca) se han gastado 60 millones, diez menos que el coste previsto, por las bajas que hicieron los adjudicatarios en las ofertas presentadas.

El tramo que recorre la Comarca de Pamplona se limita a un protocolo de intenciones con una estimación de coste y las conexiones sur y norte del corredor navarro no están concretadas.

La Cámara de Comptos señala que la Administración Foral ha gastado 86 millones en el TAV: 81 en inversiones y 5 en una estimación de gastos financieros –estos últimos no los reintegrará el ADIF, de acuerdo con el convenio-. La Cámara de Comptos no ha recibido respuesta de la sociedad pública estatal (ADIF-Alta Velocidad) sobre lo invertido por el Estado en el tramo navarro del TAV.

El Estado ha devuelto hasta el momento 35,6 millones de lo adelantado por la Administración Foral. Por lo tanto, el Estado tiene pendiente devolver a Navarra 44,5 millones.

Ante la importancia de la inversión, la Cámara de Comptos pide una respuesta clara sobre la continuidad de las obras o su ralentización.

El informe señala que, a la vista de la situación, hay dos opciones: dejar en manos del Ministerio de Fomento/ADIF toda la responsabilidad de las obras en el tramo navarro, sin intervenir en su ejecución ni adelantar financiación; o negociar un nuevo convenio que analice, revise, actualice y complete el convenio vigente. En este caso, deberían concretarse las conexiones sur y norte, las competencias y gastos de cada administración y fijar los costes de manera realista. También exigiría una planificación y programación de plazos realista, acorde con las dificultades presupuestarias.

En cuanto a la alternativa del tercer carril para el tramo Castejón-Pamplona, la Cámara no puede pronunciarse en este punto sobre la petición parlamentaria, al no existir un proyecto técnico en ese sentido.

En todo caso, el informe apunta sus importantes desventajas: no todas las vías tradicionales pueden soportar su instalación y no resuelve el problema histórico existente de una vía única diseñada a finales del siglo XIX. Su ventaja es el coste menor, ya que puede situarse entre 2 y 3 millones por kilómetro frente a los 15 millones del AVE; estos importes fluctúan en función de la situación de la vía convencional y de la especial orografía del terreno.