2001/09 Administración de Justicia, 2000

La Cámara de Comptos de Navarra ha remitido al Parlamento el informe sobre el programa presupuestario "Administración de Justicia" correspondiente al ejercicio de 2000.

Se trata del primer informe sobre esta materia ya que Navarra asumió las transferencias de la administración de justicia a partir del 1 de octubre de 1999, tras el acuerdo firmado por las administraciones de Navarra y el Estado en abril de 1999. Con el objetivo de gestionar las competencias de Navarra en materia de justicia el Gobierno creó la Dirección General de Justicia, adscrita al Departamento de Presidencia, Justicia e Interior.

De acuerdo con lo establecido en los decretos de transferencias a Navarra de la Administración de Justicia, corresponde a la Administración Foral la adquisición y mantenimiento de edificios, mobiliario e instalaciones para los servicios judiciales; los gastos de funcionamiento de dichos servicios; la subvención a la asistencia jurídica gratuita de abogados y procuradores y la de los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz. En cuanto a personal, la Administración Foral controla la gestión integral del personal propio adscrito a los servicios de Justicia y del personal transferido como laboral; posee competencia parcial sobre los empleados de cuerpos nacionales afectados por las transferencias, excepto secretarios judiciales.

La Administración del Estado, por su parte, se reserva la organización general de la Justicia en Navarra y, en cuanto a gestión de personal, la mantiene íntegramente en el caso de magistrados, jueces, fiscales y secretarios judiciales. Además, establece las condiciones generales de trabajo del resto de cuerpos nacionales en lo referido a horarios, concursos, complementos, jornada, vacantes, etc.

La plantilla de los órganos judiciales de Navarra, excluyendo magistrados, jueces y fiscales, está compuesta por 470 puestos de trabajo sobre cuya gestión existen diferentes situaciones según sea la competencia integral o parcial.

El informe de la Cámara de Comptos señala que el reparto de competencias -igual al pactado con otras administraciones- diseña un modelo de organización muy limitado para la Administración Foral desde el punto de vista de la gestión. "La Administración Foral -indica el informe- financia prácticamente la justicia en su territorio pero, en contrapartida, no dispone del poder de decisión para implantar los instrumentos de gestión que permitan mejorar la calidad de ese servicio público".

En este sentido, la Cámara de Comptos subraya que la falta de competencias para la gestión del personal de Justicia se extiende al secretario judicial que actúa como jefe de personal en las oficinas judiciales, la unidad administrativa básica de la Administración de Justicia. "Todo ello acentuado -señala el informe- conque determinadas decisiones con implicación económica, tales como necesidades materiales derivadas de la aplicación de nuevas leyes o incrementos salariales negociados por la Administración Central, repercuten directamente en los gastos del Gobierno de Navarra".

En relación con esa cuestión el informe señala que el pasado mes de mayo la Conferencia Sectorial de Justicia -integrada por la Administración Central y las comunidades autónomas- acordó ampliar las competencias de las administraciones autonómicas en materia de personal y organización. En esa misma línea se orienta también el reciente Pacto por la Justicia.

Tras asumir las competencias de Justicia, el Gobierno de Navarra creó el programa presupuestario "Administración de Justicia" que en 2000 tuvo un gasto de 1.784 millones de los que 1.381 millones corresponden a personal. En cuanto a las inversiones, aunque su cuantía inicialmente prevista rondaba los 320 millones, finalmente sólo se gastaron 89 millones por el retraso de algunas obras en los edificios judiciales y en el nuevo centro penitenciario.

Hay que señalar que el gasto realizado directamente por Navarra en Justicia se ha descontado de las aportaciones que la Comunidad Foral realiza al Estado a través del Convenio Económico.

La Cámara de Comptos indica que la liquidación presupuestaria de 2000 refleja razonablemente la actividad realizada y que en la actividad económico-financiera se respeta el principio de legalidad. No obstante, en este punto el informe recomienda mejorar la justificación de las subvenciones de la asistencia jurídica gratuita.

El informe también ofrece otras recomendaciones para mejorar la gestión de esta actividad, una de las cuales hace referencia al propio modelo presupuestario por programas aplicado en todos los departamentos del Gobierno de Navarra, cuyo actual diseño pone en cuestión al no considerarlo útil como instrumento de programación económica. La Cámara de Comptos cree que el Gobierno de Navarra tiene que plantearse objetivos y marcar indicadores que permitan analizar la eficacia y eficiencia conseguida en la gestión.

En este punto, el informe insiste en la necesidad de mejorar la gestión de personal, especialmente la gestión de nóminas. "Reiteradamente esta Cámara ha manifestado las deficiencias que afectan al actual modelo de seguimiento y gestión contable-presupuestario de la nómina del Gobierno de Navarra -dice el informe- de tal manera que, para los servicios afectados, este aspecto ha devenido en un requisito puramente formal, sin que sirva como herramienta de planificación y gestión".