2006/18 Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud (ejercicios de 2002 a 2005). Especial referencia a la prestación de servicios a personas dependientes

Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud (ejercicios de 2002 a 2005). Especial referencia a la prestación de servicios a personas dependientes

La Cámara de Comptos de Navarra ha hecho público el informe de fiscalización sobre el Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud, solicitado por el pleno del Parlamento Foral en abril del año pasado. El objetivo del informe es evaluar la gestión del departamento, especialmente lo referido a la prestación de los servicios sociales a las personas dependientes; evaluar económicamente la prestación de dichos y servicios; y verificar el grado de cumplimiento de los planes en materia de dependencia.

En la introducción del informe se ofrecen algunos datos sobre la población de Navarra, que sitúan en 84,5 años la esperanza de vida de las mujeres, edad que en el caso de la población masculina es de 77,3 años. Los mayores de 65 años son 103.637, lo que supone el 17,4% de la población. Este porcentaje crecerá hasta sobrepasar el 20% en 2020.

Por lo que se refiere a la población con discapacidad, desde 2002 ha crecido un 12%, situándose actualmente en 31.346 personas, es decir, algo más del 5% de la población. Del total de discapacitados, el 43% son mayores de 65 años.

Entre los años 2002 y 2005, los gastos del Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud se han incrementado un 24% hasta alcanzar los 197 millones. Sin embargo, este crecimiento es inferior al de los presupuestos generales de Navarra, que en el mismo periodo aumentaron un 29%. En la actualidad, los gastos del departamento suponen el 6% de los presupuestos generales.

La Cámara de Comptos, tras analizar los programas presupuestarios del departamento, concluye que carecen de objetivos cuantificados e indicadores, lo que implica también una falta de seguimiento de su grado de cumplimiento. Esta deficiencia presupuestaria ¿general en la Administración Foral- se pretende solventar a través de elaboración de memorias. "No obstante -señala el informe- no consta un sistema de cálculo de los costes directos, ni un criterio de reparto de los costes indirectos y cargas generales que permita determinar el coste real de las prestaciones y de sus resultados". En este sentido, el informe recomienda diseñar un sistema de información para la gestión que permita determinar los costes, procesos y resultados alcanzados.

La Cámara de Comptos considera que la planificación es uno de los puntos débiles del departamento, ya que falta un plan estratégico general sobre las políticas del departamento, no se ha aprobado el II Plan Gerontológico de Navarra (el primero tenía como fecha de conclusión el año 2000), ni existe un plan integral de atención a las personas con discapacidad.

El informe aboga por que se definan las líneas estratégicas de la labor asignada al departamento y al Instituto Navarro de Bienestar Social, que tendrá que contemplar la incidencia de la futura Ley de la Dependencia y su adaptación al ámbito foral. En este sentido, en fase de redacción del informe, el Gobierno de Navarra ha aprobado el Proyecto Foral de Servicios Sociales, que contempla la elaboración de un plan estratégico de servicios sociales en el plazo de un año.

En cuanto al personal del departamento, el informe señala que actualmente dispone de 673 plazas, 40 menos que en 2002. El personal fijo del departamento ha disminuido un 21%, en tanto que las plazas vacantes se han duplicado hasta llegar a 216. Ante estos datos, la Cámara de Comptos pide que se reduzca la tasa de temporalidad, especialmente en las plazas de naturaleza estructural. En el capítulo de personal también se ha analizado el absentismo, que en el caso de las residencias del Instituto Navarro de Bienestar Social es alto: un 15%.

El informe también constata la diversidad en las retribuciones y jornadas de trabajos de los empleados de residencias de tercera edad y discapacitados, ya que las retribuciones del Gobierno de Navarra a sus empleados llegan a ser hasta un 44% mayores que las del convenio aplicado a los centros de gestión privada. En cuanto a las horas anuales de trabajo, los empleados públicos también disfrutan de unas mejores condiciones que el resto.

Respecto al gasto en protección social para la dependencia (tercera edad y discapacitados), el informe señala que se ha incrementado un 6% desde 2002, situándose en el último ejercicio en 86 millones. Sin embargo, en euros constantes ha habido una reducción del 4%. Comparando el porcentaje de PIB dedicado a la dependencia se observa una reducción del 14% desde 2002.

Tomando como base el ejercicio de 2003, Navarra supera la media del Estado en porcentaje de gasto corriente destinado a las personas dependientes puesto que llega al 0,52% frente al 0,32% de la media. Sin embargo, dicho porcentaje está lejos de la media europea puesto que Francia y Alemania superan el 1% y los países nórdicos llegan al 3%.

En cuanto a la atención a la tercera edad, el gobierno de Navarra destina unos 20 millones de euros para estancias en centros, servicio telefónico de emergencia, ayuda para la atención domiciliaria, pensiones no contributivas y programa de balnearios. Respecto a las residencias, existen centros públicos, concertados y ajenos. El precio de las residencias públicas o de instituciones sin ánimo de lucro ronda los 1.300 euros, mientras que en el caso de las empresas privadas alcanza los 1.600 euros. En 2005 había un total de 952 plazas, lo que supone una ligera pérdida de oferta respecto a los datos de 2002.

La oferta de plazas en residencias para la tercera edad en Navarra es buena comparada con la media de España, puesto que en nuestra comunidad hay 5,3 plazas para cada 100 habitantes mayores de 65 años frente a las 3,7 de la media. Este porcentaje, sin embargo, es sensiblemente inferior al de la Unión Europea en la que destaca Dinamarca con 13 plazas por cada 100 habitantes mayores de 65 años.

El informe también ofrece un análisis de la atención a los discapacitados, en la que el año pasado se gastaron 28 millones en centros propios y concertados, ayuda a la atención domiciliaria, renta básica, pensiones no contributivas, ayudas para adquirir vehículos y ayudas extraordinarias. En el periodo 2002-2005 el total de plazas para discapacitados ha aumentado de 650 a 735, teniendo en cuenta tanto las residencias como centros de día y pisos.

La Cámara de Comptos también ha analizado las ayudas concedidas a la empresa Tasubinsa, recogidas en una partida presupuestaria especial. El año pasado la empresa, con 546 plazas y 13 centros, recibió 2,7 millones. Desde 2002 ha percibido 10,5 millones, el 78% de lo otorgado a todos los centros ocupacionales.

Revisado el expediente, la Cámara de Comptos señala que se adecua a la normativa aplicable aunque apunta algunos aspectos mejorables, entre otros, la conveniencia de supervisar el sistema de recompensas y de que la partida presupuestaria sea nominativa si así se justifica adecuadamente.

En la conclusión del informe, la Cámara de Comptos subraya la necesidad de mejorar la planificación a medio y largo plazo de la política de protección social a la dependencia, incluyendo un marco de financiación plurianual actualmente inexistente. El informe también insiste en la necesidad de adaptar la normativa reguladora de los servicios sociales y dotarse de un sistema de información para la toma de decisiones que permita medir costes de las prestaciones, efectuar seguimientos de objetivos y corregir las desviaciones observadas.

La Cámara de Comptos pide también mejorar la inspección de los centros asistenciales que garantice una homogeneidad mínima en la calidad de la prestación y contemple las sanciones por incumplimientos. En este sentido, el informe subraya la necesidad de realizar un seguimiento periódico sobre la calidad percibida por los usuarios y resto de personas relacionadas con el centro.

Por último, la Cámara de Comptos considera importante que la sociedad asuma los costes de las prestaciones sociales para que ninguna persona quede sin la asistencia que precise, aunque carezca de recursos económicos. No obstante, aboga por un adecuado control sobre las rentas de las personas dependientes para que, en el caso de que puedan costear los servicios, sean ellos quienes hagan frente a los mismos.