2007/20 Universidad Pública de Navarra, 2004 y 2005

La Cámara de Comptos de Navarra ha remitido al Parlamento el informe de fiscalización sobre la Universidad Pública correspondiente a los ejercicios de 2004 y 2005. El informe también incluye la fiscalización de una compra realizada por la UPNA en 1997 -concretamente un diafractómetro- para responder a la solicitud realizada en este sentido por el grupo parlamentario Izquierda Unida de Navarra-Nafarroako Ezker Batua.

Según los datos del informe, en el ejercicio de 2005 la Universidad Pública de Navarra gastó 66,5 millones a los que hay que sumar los 6,6 de la Fundación Universidad- Sociedad. Las retribuciones de los 1.182 empleados del centro fueron el capítulo de gasto más importante, con el 55% del total. En segundo lugar figuran los gastos en bienes corrientes y servicios (26%) y el tercer capítulo en importancia son las inversiones, a las que se destinó el 14% del total de gastos.

En cuanto a los ingresos, que en el ejercicio fiscalizado sumaron 67 millones, las transferencias corrientes suponen el 78%, a través de las tasas y precios públicos se logra el 17% y el restante 5% se obtuvo a través de transferencias de capital.

El informe señala que al finalizar el ejercicio la UPNA tuvo un superávit presupuestario de más de 5 millones y un remanente de tesorería positivo de casi 13 millones, de los que la mitad estaban comprometidos. Teniendo en cuenta, además, que el centro no tiene deuda a largo plazo, la conclusión es que su economía está saneada.

La Cámara de Comptos, sin embargo, destaca la alta dependencia de la universidad respecto a las transferencias, principalmente del Gobierno de Navarra, que suman el 83% del total de ingresos. Es decir, los ingresos propios de la universidad representan el 17% del presupuesto.

Analizadas las cuentas de 2004 y 2005, la Cámara de Comptos señala que reflejan correctamente la liquidación presupuestaria de gastos e ingresos, su situación patrimonial y el resultado de sus operaciones económico-financieras. En este sentido, el informe destaca que es la primera vez que la Cámara de Comptos puede dar opinión favorable sobre los estados financieros de la Universidad Pública de Navarra.

En cuanto a la legalidad, el informe advierte de que existe "ausencia de cobertura legal" en la contratación del servicio de defensa jurídica e incumplimiento del procedimiento en los encargos de encomiendas extraordinarias a la fundación.

Al analizar el cumplimiento de las recomendaciones realizadas en años anteriores, el informe valora positivamente algunas mejoras, como la observada en la formación de expedientes de contratación, su seguimiento y control; la normalización de la situación respecto al Impuesto sobre el Valor Añadido y la consolidación de la plantilla en administración y servicios.

El informe, tras reconocer el esfuerzo de los gestores de la universidad para aplicar las recomendaciones de la Cámara de Comptos, apunta los aspectos que todavía siguen pendientes: elaborar un reglamento que regule la gestión y control de los proyectos de investigación, seguimiento anual del plan de ordenación docente, elaborar informes periódicos del grado de cumplimiento de los objetivos del plan estratégico, controlar la asistencia al puesto de trabajo del personal, definir líneas estratégicas de actuación investigadora e implantar un sistema de cálculo de costes de las actividades fundamentales del centro.

El informe critica la "ineficacia en la gestión del gasto público" por la falta de utilización del edificio de I+D. Se trata de una inversión finalizada en 2004, con un coste de 2,6 millones de euros sin contar los gastos de equipamientos, en la que no se realiza prácticamente ninguna actividad.

En cuanto a la fiscalización del expediente de adquisición de un diafractómetro de rayos X, compra realizada en 1997 y financiada en un 50% con ayuda pública, la Cámara de Comptos señala que existió un incumplimiento de la normativa y una deficiente planificación y gestión. "Al respecto -dice el informe- resulta especialmente relevante que, ante la naturaleza radioactiva del equipo, no se adoptaran las medidas administrativas oportunas para garantizar que el bien recibido cumplía con las exigencias de seguridad señaladas por la legislación vigente y por los propios pliegos". El informe señala que, no obstante, no existió riesgo para las personas que utilizaron dicho equipo, según certificó el Consejo de Seguridad Nuclear.

La Cámara de Comptos califica de "ineficiente y antieconómica gestión de los recursos públicos" el gasto de 108.000 euros en un equipo "que se utilizó sin la preceptiva autorización hasta 2004 y que desde entonces permanece precintado".