2022/12 Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos (Gizain)

La Cámara de Comptos ha publicado un informe sobre la Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos (Gizain). El informe lo solicitó el Parlamento de Navarra a instancias del grupo Navarra Suma.

La Fundación Gizain la creó el Gobierno de Navarra en enero de 2019 para gestionar los centros de servicios sociales, los de observación y acogida de menores en situación de desprotección, el Servicio de valoración de familias de urgencia y el Centro de Día de Justicia Juvenil.

La gestión de dichos servicios estaba hasta entonces en manos de diversas entidades privadas, cuyo personal quedó subrogado con sus condiciones retributivas. En 2020 se les equipararon las retribuciones y en 2021 la fundación aprobó un convenio colectivo propio.

Este pasado mayo, el Departamento de Derechos Sociales encargó a la fundación el proyecto AUNA, surgido en el marco del Plan de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Su objetivo es favorecer “la activación y acceso al empleo de personas que necesitan apoyos complejos”. Para conseguir el objetivo, realiza una gestión integrada de prestaciones con unidades de tramitación en varias localidades; hace un acompañamiento integral individualizado con apoyos sociales y activación de empleo; y pone en marcha itinerarios especializados de búsqueda activa de empleo que conectan oferta y demanda. El proyecto está dotado con tres millones.

Las cuentas de la fundación están auditadas desde 2019, con opinión favorable. Desde su creación hasta la redacción de este informe, el gasto de la Administración Foral en la fundación suma 9,3 millones.

La Fundación Gizain tenía el año pasado 75 empleados que atendieron a 1.507 usuarios. Para el proyecto AUNA ha contratado a otras 56 personas.

El informe concluye que la fundación no es la figura jurídica más apropiada para gestionar servicios sociales. Considera también que el análisis económico realizado para su creación debería de haber incluido una estimación del incremento salarial del personal subrogado y un análisis jurídico de las consecuencias de dicha subrogación.

El gasto de la fundación es mayor que el derivado de los contratos con empresas externas por las mejoras retributivas derivadas del convenio propio. En concreto, el gasto en los centros de servicios sociales es un 12% superior. En cuanto a los centros de orientación y acogida (que incluyen los servicios de familias de urgencia), el gasto aumentó un 16%. Si bien existen estas diferencias, si se hubiera seguido con la gestión privada su coste hubiese aumentado notablemente al tener que aplicar el convenio de Navarra. De hecho, la diferencia retributiva entre el convenio de la fundación y el sectorial de Navarra es de un 3,4% a favor de la fundación.

Teniendo en cuenta las conclusiones citadas, la Cámara de Comptos recomienda que los departamentos correspondientes del Gobierno realicen un control de eficacia sobre el cumplimiento de objetivos y de sostenibilidad financiera de este tipo de entidades.